En plena recesión económica y ahogado en el conflicto con los fondos buitre, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sacó a relucir el "vamos por todo" y encabeza una triple batalla parlamentaria que le permita tener un control total en la economía: intervenir "de facto" en las decisiones de las empresas; castigar a las que tomen medidas que, a su criterio, "alteren el orden económico"; y anoche sumó una nueva reapertura del canje de la deuda con acreedores y fondos buitre con jurisdicción solamente en Argentina.
En primer lugar, se trata de la aprobación de la controvertida Ley de Abastecimiento en el Senado y la defensa de la Ley Antiterrorista, que la oposición intenta derogar en la Cámara de Diputados. "Quieren instrumentar por ley las prácticas de Guillermo Moreno", lanzó el presidente de IDEA, Miguel Blanco.
El oficialismo cuenta con un panorama alentador en ambos casos y se estima que a mediados de septiembre el proyecto de intervención en empresas ya sea ley en el Boletín oficial. Sin embargo, la resistencia que ofrece la oposición en la Cámara alta obligó hoy a que el Frente Para la Victoria deba demorarse un día más en el tratamiento de la ley.
Esta vez, el escollo se originó porque el proyecto de ley estaba en manos de la Comisión de Derechos y Garantías, que preside el el radical Luis Naidenoff. Para asegurarse el control del trámite administrativo, y garantizar que el curso de la ley se ejecute con los tiempos de la Casa Rosada, el oficialista Marcelo Fuentes le pidió mediante una nota escrita al presidente del Senado que la cabeza del proyecto sea la Comisión de Asuntos Constitucionales, que el mismo Fuentes preside.
Con críticas de la oposición, la discusión se postergó hasta el miércoles a las 11. Allí se tratarán los proyectos con la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario de Justicia, Julian Alvarez; el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el secretario de Comercio Exterior y del Interior Augusto Costa, consignó El Parlamentario.
Y al que le toca bailar con la más fea es otra vez al jefe de bloque Miguel Ángel Pichetto -que viene de defender a Amado Boudou- y ahora será el encargado de garantizar un trámite rápido ante los ojos de los funcionarios del Gabinete K y el rechazo que origina esta ley en el empresariado y la oposición.
"Los números el oficialismo ya los tiene, si no ni siquiera mandan el proyecto al Congreso", explicó el especialista en temas parlamentarios José Di Mauro a Perfil.com. En la agenda, los senadores oficialistas tienen como objetivo girar el proyecto, tal como está, con media sanción hacia la cámara de diputados para la semana próxima. De modo tal que "podría ser ley a medidados de septiembre", estimó Di Mauro.
Ahora, la oposición ofrecerá toda la resistencia que le sea posible con el objetivo de máxima de llegar a debatir el proyecto e introducir algunas modificaciones a la ley, con escasas posibilidades de frenarlo. La aprobación de esta ley le posibilitará al Ejecutivo intervenir en las decisiones de las empresas, decidiendo en estados previos a la cadena de valor, sin contacto directo directo con el consumidor.
Sin embargo, no es la única batalla que los legisladores del kirchnerismo tienen que dar en el Congreso. Luego de que la Presidenta anunciara que usará la Ley Antiterrorista "por primera vez" para castigar a la imprenta Donnelley, la oposición se reunió casi en su totalidad y firmó un dictamen en diputados para derogarla.
En el mismo día que el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, desmintió que el Ejecutivo usara la medida contra Donnelley y que los dichos de la mandataria fueron "una confusión", la oposición obtuvo en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un dictamen de minoría donde confirmó que pedirá el tratamiento de la iniciativa en la sesión prevista para el próximo 27 de agosto.
La propuesta de derogación de la Ley Antiterrorista impulsada por Patricia Bullrich contó con la adhesión de su compañero de bancada Eduardo Cáceres y los representantes de la UCR Manuel Garrido, Oscar Aguad, Gabriela Burgos, Soledad Carrizo y Luis Petri. También apoyaron la propuesta Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI).
Los únicos opositores que no firmaron el dictamen fueron los diputados del Frente Renovador Oscar Alegre y Oscar "Cachi" Martínez que se manifestaron a favor de abordar la problemática "en forma profunda y seria", ya que consideran que se debe aplicar una derogación de los artículos 41 quinquies y 306, consignó la agencia DyN.
El radical Petri también apuntó contra esos artículos del Código Penal al sostener que en la ley "no hay una posición común de lo que debe entenderse como terrorismo" y transmitió que "desde el radicalismo entendemos que es el momento del debate de la derogación de la ley antiterrorista". Por su parte, la macrista Laura Alonso, quien no pertenece a la comisión pero asistió a la sesión, desestimó que la presidenta Cristina Fernández se haya equivocado y remarcó que la mandataria sabía que "denunció a una empresa para que se aplique la Ley Antiterrorista".
La derogación de la norma ya había sido planteada por la oposición en mayo pasado después de que el periodista de Santiago de Estero Juan Pablo Suárez fuera denunciado penalmente ante el fuero federal de esa provincia, en el marco de la Ley Antiterrorista.
Al igual que en ese momento, los números que tiene el kirchnerismo en ambas cámaras hacen poco probable que el dictamen de minoría que rubricaron los opositores pueda prosperar y la ley sea derogada.
La norma fue sancionada en 2011 por iniciativa del oficialismo y a partir de un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En segundo lugar, la más reciente novedad ingresada por el Ejecutivo en el Congreso se trata de la nueva reapertura del canje de deuda anunciada anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional. El proyecto de ley buscar cambia el domicilio de pago de los títulos de deuda reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, a través de una cuenta del Banco de la Nación Argentina en el Banco Central, lo que además implica el desplazamiento del Bank of New York Mellon como agente fiduciario.
La iniciativa también impulsa la creación de una segunda cuenta fiduciaria administrada por el Banco de la Nación en la que se depositarán los fondos que le corresponderían al 7,6 por ciento de acreedores que no ingresaron a los canjes, -para cumplir con la denominada cláusula pari passu- como también los intereses. Además la presidenta enfatizó que "no permitirá que la Argentina sea extorsionada" y llamó a la "unidad" para impedir lo que consideró que es una trama para hacer caer una "reestructuración de deuda exitosa".
