En un escrito que lleva su firma, Alejandro Vandenbroele, imputado colaborador en el caso Ciccone, presentó ayer su renuncia “indeclinable” al Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Su presentación se concretó durante el mediodía, en los Tribunales Federales de Comodoro Py en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien llevó y lleva adelante la investigación del caso, cuyo segundo tramo se encuentra en plena investigación.
En la primera parte de la causa, que ya fue juzgada, terminó condenado a más de cinco años de prisión el ex vicepresidente Amado Boudou, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros. El testimonio de Vandenbroele fue fundamental a lo largo del debate, entre 2017 y 2018, para la definición, pero el fallo se encuentra actualmente cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa del ex vicepresidente.
En su testimonio, Vandenbroele, que intervino en la compra de Ciccone, aseguró que detrás de esa operación estuvo Boudou a través de su socio, José María Nuñez Carmona.
En el escrito de renuncia, que llevó la firma de Vandenbroele, pero que fue presentado por sus defensores, este sostuvo que permanecer bajo el régimen de protección implicaría un “evidente riesgo” porque existe un “claro y abierto” conflicto de intereses entre las “nuevas autoridades políticas del Programa” y su persona.
La información fue directamente remitida desde el juzgado de Lijo al Ministerio de Justicia, del que depende el Programa de Protección de Testigos, desde este jueves cuando volvió a la órbita de esa dependencia tras el cambio que había realizado el macrismo días antes de dejar el poder.
En las últimas semanas, Vandenbroele se había transformado en epicentro de varios cruces. Fue luego de que el portal El Destape publicara una nota en la que se aseguró: “El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou”.
El artículo periodístico incluía documentación que indicaba que el arrepentido había solicitado 1.500.000 pesos al Programa de Protección de Testigos –que depende del Ministerio de Justicia– para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.
Ese hecho es ahora materia de investigación por parte de la Justicia, tras una denuncia que inicialmente hizo Lijo y que luego fue requerida por la fiscal Paloma Ochoa.
Boudou no quiere indulto
El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, reclamó “una revisión de las causas” judiciales contra los distintos ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo presos y reiteró que “de ninguna manera” aspira a obtener un indulto presidencial, sino un “juicio justo”. En declaraciones a El Destape Radio, desde el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido, Boudou agregó que “desde el presidente (Alberto) Fernández para abajo todos tienen claro que se utilizó el Poder Judicial para la persecución política a un espacio político y su modelo político de país”. Y cuestionó el modo como los medios tergiversan la información sobre su causa.
