Vecinos en pie de guerra por el llamado a explotar una de las mayores reservas de oro y plata

Las protestas que los catamarqueños llevan adelante contra la explotación de las minas de Bajo la Alumbrera y Agua Rica no parecen haber encontrado eco en los funcionarios nacionales. La Secretaría de Minería lanzó hoy la licitación nacional e internacional para explotar un área de 240 kilómetros cuadrados de la empresa pública Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una de las principales reservas de oro y cobre de Catamarca, que prevé una inversión cercana a los 500 millones de dólares estadounidenses.

"Vamos adelante con un proceso de profundización del desarrollo del sector minero, con el obejtivo de llevarle soluciones sociales a las comunidades más alejadas de nuestro país", sostuvo  el secretario de Minería, Jorge Mayoral.

Mediante esta licitación nacional e internacional se busca atraer aún más inversiones mineras al Departamento de Belén, en Catamarca. Allí ya se encuentra la recién inaugurada Agua Rica.

En el área indicada se han realizado una serie de estudios y trabajos de exploración, que incluyeron unos 14.000 metros de perforaciones en Bajo El Durazno, Bajo Las Pampitas, Bajo San Lucas y Bajo Agua Tapada.

YMAD, titular de los derechos mineros, es socia de Minera Alumbrera en una Unión Transitoria de Empresas que explota la mina de cobre y oro más grande del país, lo que le genera por esta participación, desde julio de 2004, dividendos por 500.000 dólares estadounidenses trimestrales.

Minera Bajo La Alumbrera Limited es la empresa que sigue su marcha pese a la oposición de la población afectada y el daño ambiental que provoca. Actualmente, es la encargada de la explotación del Yacimiento Bajo de la Alumbrera, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca.
 
La compañía transporta el concentrado de cobre y oro que extrae desde la mina Bajo La Alumbrera hasta Tucumán, mediante un mineroducto que recorre unos 360 kilómetros.

“Esta sopa química viaja más de 300 kilómetros desde Catamarca a Tucumán, donde se la seca y se mete en unos trenes que terminan en el puerto de Rosario, lista para ser exportada”, precisó en diálogo con perfil.com Javier Rodríguez Pardo, miembro del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la Asamblea Coordinadora Patagónica Por la Vida Contra la Contaminación y el Saqueo.

“La Alumbrera está en una zona sísmica muy activa, específicamente sobre una falla. La tierra debajo del dique de cola se abrió muchas veces. Hoy hay 14 equipos de retro bombeo que diariamente tratan de drenar los líquidos, altamente tóxicos, que intentan escapar hacia las napas”, agregó.

La mafia del oro. Los capitales mineros parecen inertes a las protestas de la población catamarqueña. Si no pueden contra la voluntad popular, denuncian los vecinos, el camino de las multinacionales es la prebenda. Trabajo y dinero por silencio y muerte, es su fórmula preferida.

Los vecinos denuncian una actitud “mafiosa” por parte de la empresa y el gobierno provincial. “Dividieron a la sociedad”, denunció Urbano Cardozo, un jubilado catamarqueño de 67 años y vecino de Andalgalá. “Hay gente que apoya la mina y gente que no. Gente que no me saluda, porque yo le digo que no puede ser lo de la mina y otra que está conmigo”, agregó el hombre, que asegura tener su “teléfono pinchado”.

Cardozo denunció que tras una marcha en contra de las minas (Bajo La Alumbrera y Agua Rica, que está a punto de entrar en funcionamiento) que reunió a unas 2000 personas, la empresa “fue casa por casa haciendo solicitudes de trabajo y entregando plata, no si antes advertiles a los vecinos: ‘La próxima marcha no los quiero ver ni a usted ni su familia’”.

El 17 de septiembre de 2004, una fisura en el ducto de la mina Bajo La Alumbrera produjo un derrame del material concentrado de oro y cobre, pero también de uranio, mercurio, plomo, cobre y arsénico, entre otros, en la cuenca del río Villa Vil, del que los pobladores de ese pueblo dependen para la actividad agroganadera y la provisión de agua potable.

Unos meses atrás se habían tomado muestras del líquido que proviene directamente de la planta de filtrado que La Minera Alumbrera tiene en la localidad de Cruz Norte, en Tucumán, donde son arrojados los desechos. El informe técnico comprobó la existencia de un alto índice de materiales pesados como sulfuro, plomo, mercurio, arsénico. Por esto, el viernes 25 del agosto, la justicia tucumana (y no la catamarqueña) requirió el procesamiento de presidente de Minera Alumbrera Limited, Julián Rooney.

Las presentaciones judiciales, proyectos de resolución e indemnizaciones pagadas por la empresa no lograron detener un nuevo derrame tóxico, en junio pasado, que volvió a contaminar las aguas del poblado de Villa Vil.

Un patrón que se repite. En 2003, una consulta popular entre la población de Esquel, dejó fuera de dudas la rotunda negativa de los chubutenses para que la empresa canadiense Meridian Gold utilizara cianuro de sodio en el tratamiento del oro que se proponía extraer de una mina ubicada a sólo siete kilómetros del centro urbano.

El daño ambiental y sanitario que latía en torno a la intención de la compañía se dirimieron y probaron en ese contexto, aunque poco duró el sabor del triunfo en las urnas. Los intereses del gobierno provincial y de la multinacional, parecen hoy tener más efecto que la voluntad popular.

“La empresa minera sigue teniendo malas actitudes, de hecho todavía siguen presionando a algunos vecinos con el reparto de cosas con el objetivo de tentarlos a cambiar de opinión”, denunció a perfil.com Matías Carelli, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.

Allí, los vecinos acusan a la minera de no respetar su voluntad, y no están muy errados. Tras el plebiscito, ellos consiguieron mediante un amparo ambiental bloquear la intención de la empresa de continuar con el proyecto, pero Meridian Gold apeló el amparo, perdió y en la actualidad el tema se debate en la Corte Suprema de la Nación.

Además, los votantes sostienen que el avance de los canadienses cuentan con un guiño del gobierno provincial a través de la inacción que éste demuestra sobre el tema.

“Con posterioridad al plebiscito salió una ley que prohibía la explotación de minas con cianuro y a cielo abierto, pero hay un organismo que define qué lugares están exceptuados. Esta comisión nunca se reunió. Hay un vericueto legal para que esto no ocurra”, explicó Carelli.

“Cuando estaba haciendo campaña, el propio gobernador Mario Das Neves dijo que sospechaba que el gobernador anterior (del radical José Luis Lizurrume) podría tener alguna relación con la empresa Meridian Gold”, recordó el esquelino.

La única penalidad que hasta ahora recibió la empresa por su insistencia partió de la Cámara de Apelaciones de Esquel, que resolvió que tres altos directivos de la minera enfrentarán un juicio oral por desobedecer el amparo ambiental que paralizó en 2003 el proyecto minero.