El decreto nacional de extinción de dominio tiene su propio capítulo en la Provincia de Buenos Aires. Es que la gobernadora María Eugenia Vidal también trabaja con su propio proyecto con un fin similar: que se puedan utilizar bienes de origen ilícito.
En rigor, se trata de la modificación del Código Procesal Penal que envió a la Legislatura provincial y que se debatirá este año con el impulso del oficialismo.
Si bien la extinción de dominio es nacional de naturaleza civil mientras que el proyecto bonaerense apunta a “secuestrar y decomiso de bienes", en La Plata explican que “tiene los mismos efectos (que el decreto nacional) en tanto los bienes de los corruptos o del narcotráfico pueden ser usados por el Estado”.
A diferencia de la Nación, que decidió avanzar en un DNU que se complicó en el Congreso, en la Provincia contemplaron que pase por la Legislatura local.
En la iniciativa se propone avanzar con el uso de los bienes decomisados por los jueces penales bonaerenses en las causas que se tramitan. En el ministerio de Justicia que comanda Gustavo Ferrari explicaron a PERFIL que se “busca que los elementos secuestrados y que están disponibles bajo la guarda judicial puedan tener un uso práctico”.
El proyecto, que se lanzó el año pasado, se había adelantado al decreto de Necesidad y Urgencia que lanzó el Gobierno a comienzos de 2019, y supone la utilización de los bienes incautados en delitos provinciales. Desde autos, pasando por bienes inmuebles, podrían ser utilizados de esta forma.
Según reza en su articulado, “el dinero (de origen ilícito) se depositará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para que disponga su utilización, en una cuenta a nombra de la Corte Suprema (bonaerense)”; en el caso de los bienes de “interés científico o cultural, se entregarán al ministerio de Educación de la Provincia”. Además, el proyecto propone que en el caso de “productos medicinales y de farmacia se entregarán al ministerio de Salud de la Provincia que conduce Andrés Scarsi.
También habla de “elementos de cocina o mobiliarios en general, prendas de vestir, ropa de cama y demás bienes hogareños, de escaso o nulo valor económico para ser subastado se entregarán a entidad de beneficencia reconocidas legalmente que lo soliciten”. En el caso de los autos secuestrados “podrán ser entregados por el juez” a un organismo público.
Finalmente, “los demás bienes y artefactos se entregarán a los ministerios de Justicia y Seguridad con destino a las fuerzas de seguridad, institutos penitenciarios o institutos de menores”, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre la mercadería. Si no sirvieren para ello, se los subastará y, en el caso de las armas, “se procederá a su destrucción”, concluye el proyecto.
Cuáles son los puntos clave del decreto de Extinción de Dominio
La discusión parlamentaria recién comienza. Según pudo saber PERFIL, en marzo se avanzará con la conformación de una comisión Bicameral de seguimiento de la reforma del Código Procesal Penal y también el Civil.
“La decisión es que este año tenga, al menos, media sanción con un amplio consenso”, explicaron fuentes parlamentarias.
En eso trabajan ya el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y el jefe del bloque de Cambiemos, Maximiliano Abad, junto con el senador provincial oficialista Juan Pablo Allan.
