El hallazgo de una cantidad de documentos secretos de la dictadura confirma ampliamente las declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla publicadas en mi libro Disposición Final, hace un año, en su última entrevista antes de morir. La existencia de esos papeles es una muy buena noticia no sólo para avanzar hacia la verdad sino porque abre expectativas de que se hayan salvado también otros archivos de la destrucción ordenada por la propia dictadura en 1983, antes de abandonar el poder.
Algunas de esas “280 actas originales y secretas” de las Juntas Militares, que estaban integradas por los jefes del Ejército, la Armada y la Aeronáutica, se refieren a proyectos internos acerca de cuánto iba a durar la dictadura. Había quienes planeaban que recién en 2000 dejarían el gobierno en manos de los civiles, aunque en una suerte de democracia tutelada por ellos.
En este sentido, Videla reveló en Disposición Final que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no se debió tanto a la lucha contra las guerrillas sino a una razón más abarcadora: “Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a varios sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendarlo”.
De allí el nombre fundacional que los militares dieron a su gobierno: Proceso de Reorganización Militar. Fue el momento de mayor poder, de mayor autonomía, de las Fuerzas Armadas con relación al resto de la sociedad, en toda la historia argentina. Tanto fue así que creyeron que podrían moldear a la sociedad de arriba hacia abajo, como si fuera de plastilina. En virtud de ese objetivo, Videla y los jefes militares sostenían que estarían en el gobierno todo el tiempo necesario para cumplir con esa misión.
También fueron encontradas en el Edificio Cóndor “listas negras” con los nombres de artistas, escritores y periodistas que estaban prohibidos y que, en general, se exiliaron; tuvieron que irse a vivir al exterior o a provincias alejadas de la Capital Federal. Eran los intelectuales que, según los militares, estorbaban abiertamente la concreción de ese proyecto fundacional.
Con relación a las guerrillas, Videla, que murió este año, admitió que en el momento del golpe los militares “teníamos todo lo que necesitábamos para la guerra contra la subversión; no podíamos pedir más, no necesitábamos más”. Se refería a tres decretos del gobierno de la presidenta Isabel Perón que en octubre de 1975 habían delegado en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas y que, según Videla, “nos daban licencia para matar”. Esta interpretación es muy controvertida aunque es cierto que las desapariciones de personas comenzaron después de esos decretos, antes del golpe, como queda claro en mi último libro: ¡Viva la sangre!
Pero, se masificaron después del golpe encabezado por Videla, que ya era el comandante en jefe del Ejército. Precisamente, el título del libro, Disposición Final, se debe al nombre con que los militares llamaban al destino de los detenidos a los que consideraban “irrecuperables”, es decir la muerte sumaria y el ocultamiento o la destrucción de sus cuerpos para que “la gente no se enterara de lo que estaba pasando” y “no provocar protestas dentro y fuera del país”.
*Editor ejecutivo de la revista Fortuna, su último libro es ¡Viva la sangre!
