El miércoles, día decisivo para los padres y hermanos de los diez soldados formoseños que desde hace casi 38 años esperan un reconocimiento económico por parte del Estado luego de que sus hijos, de 21 años, fueran muertos mientras defendían un cuartel del ataque de Montoneros, la guerrilla de origen peronista.
Un dato clave es que ocurrió en democracia, el 5 de octubre de 1975, bajo el gobierno de la presidenta Isabel Perón. La paradoja es que mientras los familiares de los soldados formoseños continúan en la pobreza, los parientes de los doce guerrilleros que murieron en el ataqueya recibieron una indemnización debido a que han sido considerados como “Víctimas del Terrorismo de Estado”.
Una calificación que, en este caso y a esta altura, nadie defiende públicamente, ni siquiera los organismos de derechos humanos más afines al Gobierno.
El proyecto de ley que será tratado el miércoles en el Senado establece para las familias de los soldados, el sargento, el subteniente, el policía y los tres civiles muertos en la llamada “Operación Primicia” la misma indemnización ya cobrada por los parientes de los guerrilleros, que equivale a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.
En total, murieron 28 personas. El ataque conmocionó al país y sus repercusiones políticas fueron muy relevantes, como explico en mi libro Operación Primicia. La Cámara de Diputados ya dio media sanción a ese proyecto; por eso, si es ahora aprobado por el Senado, se convertirá en ley.
Sería la primera norma que indemniza a víctimas de la guerrilla. El proyecto había sido presentado por el diputado radical formoseño Ricardo Buryaille y apoyado por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, un ex miembro de Montoneros que incluso estuvo destinado por ese grupo guerrillero en el nordeste del país.
En el Senado, la norma es defendida por el jefe del bloque de senadores radicales, Luis Petcoff Naidenoff, también formoseño, y apoyada, en general, por todos los legisladores oficialistas salvo unos pocos que consideran que no deberían aprobarla ahora para no favorecer a los radicales en plena campaña electoral.
El proyecto debería ser tratado junto con otro, impulsado por el kirchnerismo, que establece el pago de una pensión mensual y vitalicia de unos 6 mil pesos para todas aquellas personas que fueron detenidas en aquellos años de plomo.
Esta norma introdujo un problema en el bloque de senadores oficialistas: los más kirchneristas quieren que abarque a todos los detenidos desde que Isabel Perón dispuso el estado de sitio, en noviembre de 1974, tres meses después de la muerte de Juan Perón, pero los más peronistas sostienen que debe beneficiar solo a los presos durante la dictadura, a partir del 24 de marzo de 1976.
(*) Editor ejecutivo de revista Fortuna y autor del libro “Operación Primicia”.
