Después de un mes de feria judicial, a mitad de semana reinicia la actividad en la Corte Suprema en un año que para la Justicia estará marcado de entrada por el juicio político que impulsa el Frente de Todos, la investigación contra la mano derecha de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y las elecciones presidenciales. Además, en un mes se inicia el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y hay dudas sobre si los cortesanos irán a escuchar el discurso del presidente.
Este miércoles, Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti encararán el inicio de un nuevo año en sus vocalías del cuarto piso de Talcahuano 550.
Lo harán en un contexto un tanto más agravado que el que tenían el año pasado, cuando la relación con el Ejecutivo ya estaba dañada -incluso con la profundización que había dejado la primera visita del ministro de Justicia Martín Soria y su lluvia de cuestionamientos-.
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Ahora hay que sumarle a eso el enojo de gran parte de los gobernadores alineados al oficialismo a los que no les gustó para nada la cautelar favorable a CABA por la coparticipación y el impulso del juicio político. Sin embargo, los cortesanos cosecharon el respaldo de Juntos por el Cambio y de grandes empresas que pidieron frenar lo que consideran un “ataque a la independencia del Poder Judicial”.
El hecho de que el Frente de Todos no tenga los números suficientes para hacer avanzar el proceso en el pleno de la Cámara de Diputados es un punto de tranquilidad al menos momentáneo.
También lo son las bajas posibilidades que tiene el oficialismo de ganar las elecciones de este año y conseguir un número mejor de diputados, que lo posicione más cerca de los dos tercios necesarios para avanzar en el enjuiciamiento y una posterior destitución, chance que por estos días ni se menciona.
La Corte frente al juicio político
De todos modos, en el tratamiento en comisión el oficialismo tiene cartas a favor y la decisión de usarlas está firme. Quieren citar a los cuatro cortesanos que están en la mira, aunque el más apuntado es Rosatti. En Diputados sostienen que no están obligados a presentarse.
Lo ocurre mismo con Robles, denunciado por la filtración de los supuestos chats que habría mantenido con el ministro de Seguridad y Justicia de licencia, Marcelo D’Alessandro.
Respecto a eso, Comodoro Py viene de desestimar una denuncia contra el funcionario cortesano, decisión que estuvo a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, que en su dictamen se basó en los mismos argumentos que la camarista de Casación Ana María Figueroa utilizó para rechazar la apertura de la causa por el memorándum con Irán contra Cristina Kirchner: no se puede incorporar prueba obtenida mediante maniobras ilegales.
Pero la semana pasada el que tomó la posta fue Axel Kicillof, gobernador bonaerense, que presentó una denuncia similar a la desestimada en el Juzgado Federal que maneja Alejo Ramos Padilla en La Plata. Para las filas oficialistas es más garantía que cualquier otro de los tribunales de Retiro, pero nada garantiza que esa causa no termine en el despacho de alguno de los 12 federales porteños.
Pero tampoco hay que dejar de prestarle atención a cómo se desencadene el juicio político respecto de Lorenzetti. Es que el ex presidente de la Corte Suprema durante once años tiene otro pedido en su contra por parte de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, que lo tiene en un lugar privilegiado del listado de sus históricas batallas.
“La acusación nuestra tiene que ver exclusivamente con el manejo de fondos públicos cuando estuvo al frente de la Corte. En general, el intento del oficialismo va a quedar en la nada con un gran costo para el Gobierno y para toda la política. La sociedad quiere que nos ocupemos de otras cosas”, afirmó Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica, en diálogo con PERFIL.
"La acusación de Carrió va a ser el fundamento para que investiguemos los famoso fondos anticíclicos que no son otra cosa que los plazos fijos", dijo al respecto el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. En el seno de los "lilitos" quieren despegarse de esa maniobra oficialista. "Tendremos nuestro propio dictamen, no con los K", sostuvo, por otro lado, un hombre de las filas de Carrió ante la consulta de este medio.
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Mientras tanto, la expectativa está puesta en qué estrategia utilizarán los miembros de la Cote para hacerle frente al juicio político y si eso los abroquelará dejando de lado las internas. Se verá el miércoles.
La normalización del Consejo
Mientras tanto, la Corte, y en particular Rosatti, tiene pendiente una definición importante en términos institucionales.
Ocurre que en el Consejo de la Magistratura todavía están vacías las sillas de los representantes del Senado a causa de la judicialización que atraviesa el conflicto entre el kirchnerismo y el PRO. Hay definiciones pendientes pero la última palabra la tienen en Talcahuano 550, donde ya hubo un posicionamiento que se plasmó en una acordada.
Esa resolución se conoció a principios de noviembre pasado y tuvo la firma de todos los cortesanos a excepción de Lorenzetti, en línea con la disidencia parcial que había tenido en el fallo que declaró la inconstitucionalidad del modelo anterior del Consejo, de 13 integrantes.
En ese entonces los supremos invalidaron la partición del bloque Frente de Todos en dos para quedarse con la segunda minoría y, de esa manera, bloquearon jurídicamente el desembarco de Doñate. La resolución había sido en base a un recurso de amparo presentado por los senadores interesados Juez y Humberto Schiavoni.
El conflicto dejó al Consejo de la Magistratura en el final del año con sus funciones recortadas: sin los senadores y senadoras integrados no se puede avanzar en los procesos de selección ni remoción, indican fuentes judiciales. Desde ese entonces y hasta tanto la Corte le tome juramento a los representantes de ese estamento, las funciones del organismo están limitadas a la administración del Poder Judicial.
En ambos puntos se contraponen los intereses de las partes en pugna. En el caso de la función de selección de magistrados está pendiente la cobertura de las vacantes en el estratégico edificio de Comodoro Py, donde hay tres juzgados sin juez o jueza titular en primera instancia, dos en la Cámara Federal de Apelaciones y seis en los Tribunales Orales Federales.
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A su vez, por el lado disciplinario, con el estado actual de las cosas es imposible que avancen las investigaciones contra los magistrados. Solo por mencionar la filtración de los supuestos chats que mantuvo D'Alessandro, en el edificio de la calle Libertad, sede del Consejo, hay denuncias que aún no fueron abiertas contra los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, tras su viaje a Lago Escondido.
Las causas judiciales pendientes
En materia de decisiones sobre causas judiciales, la Corte también tiene pendientes una serie de definiciones con impacto en la arena política.
Una de ellas tiene como protagonista central a la vicepresidenta Cristina Kirchner y es la reapertura de la causa conocida como Dólar Futuro, donde fue sobreseída en 2021 por inexistencia de delito en el marco de lo que se considera como una decisión política no judicializable.
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El pedido para que se reabra la investigación llegó a la Corte por parte del procurador Eduardo Casal, cuyo dictamen debe ser evaluado por los cortesanos.
También hay pendientes decisiones en materia de Coparticipación. En primer lugar, la resolución del planteo de revocatoria in extremis de la cautelar que hizo el presidente Alberto Fernández. También la recusación contra los supremos para intentar apartarlos del expediente y, claro, la tan mencionada cuestión de fondo.
Todo ese combo enfrentan los cortesanos desde el miércoles después de un fin de año movido. Y en menos de un mes tienen una decisión pendiente: ¿Irán los cortesanos al Congreso a escuchar el discurso de apertura de sesiones ordinarias? Al menos en el plano de las interpretaciones la escena se vuelve difícil de imaginar.
AS/fl
