Con la Corte Suprema, Cristina Fernández y Mauricio Macri como principales protagonistas, y el agregado de que es un año electoral, 2023 apunta a ser muy intenso desde lo judicial no solo por lo que se viene sino por lo que dejó 2022, cosa que, al calor de la campaña presidencial, sin lugar a dudas tendrá el mismo tenor y evidentemente va a generar una clara repercusión al momento de ir a las urnas.
El viaje a Lago Escondido. Con el inicio de la actividad judicial se aguarda que la Justicia de Bariloche defina el trámite de la denuncia penal impulsada por el gobierno nacional contra los jueces y fiscales que participaron de un viaje a la estancia del empresario británico Joe Lewis. Sobre todos y cada uno de los envueltos en el llamado escándalo pesa una solicitud de imputación de la fiscal María Cándida Etchepare. A los funcionarios judiciales se los acusa de cohecho pasivo agravado, tráfico agravado de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
En este expediente, el juez en lo penal y económico Pablo Yadarola (que formó parte del viaje) planteó el traslado de la causa a los tribunales de Comodoro Py. Dicho pedido, que cuenta con aval favorable del Ministerio Público, está pendiente de resolución por parte del juez de la cámara federal porteña Eduardo Farah.
Los chats de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. El vocero del titular de la Corte Suprema fue denunciado por sugerir al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad (en uso de licencia, también involucrado en el viaje a Lago Escondido) cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura a raíz de la filtración de varias comunicaciones de texto entre ambos.
Si bien durante la pausa judicial se habilitó feria y hubo movimimento en esa causa iniciada por el abogado Gastón Marano, el juez Sebastián Ramos, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, determinó el archivado del expediente. El magistrado sostuvo que no se puede avanzar en la investigación penal fundada en la intervención ilegal de comunicaciones.
El TOF 7 estaría en condiciones de fijar el inicio del juicio del caso de los cuadernos
Sin embargo, hay otras causas tramitándose en la Justicia Federal de otras provincias, tal es el caso de la presentada por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien acusó tanto a Robles como a D’Alessandro de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. La primera medida del juez de dicha provincia Guillermo Molinari fue intimar a Robles a entregar sus teléfonos celulares, pero posteriormente se declaró incompetente y derivó la causa al fuero federal porteño.
Días después se sumó la del jefe provincial de La Rioja, Ricardo Quintela, quien acusó a ambos funcionarios de los mismos delitos. A todo esto, y en los últimos días, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo lo propio en La Plata; la causa quedó radicada en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, quien ordenó una amplia certificación para evaluar la existencia de otras causas con el mismo objeto procesal.
Dicha medida comprometería al juez Ramos y al fiscal Stornelli, puesto que puede exponerlos ya que se puede alegar que no actuaron correctamente al apremiar el cierre del expediente por los mismos hechos y por no haber impulsado una medida igual o similar a la de Ramos Padilla.
Causa obra pública. El 9 de marzo próximo, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos del expediente donde se condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante los siguientes diez días, las partes podrán apelar la decisión de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes, a modo de anticipación a los considerandos, sostuvieron en su fallo que en la provincia de Santa Cruz “entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, siendo la fiscalía la primera en adelantar que recurrirá a esa decisión por no contemplarse la figura de asociación ilícita.
Cuadernos. El expediente iniciado por los escritos del chofer Roberto Baratta, antiguo secretario de Coordinación del exministro de Planificación Julio De Vido y en poder del Tribunal Oral Número 7, aguarda a que se fije fecha de inicio del juicio. Los magistrados habían extendido el plazo hasta noviembre del año pasado para que las partes pudieran ofrecer pruebas y testigos en el marco del tramo donde se investiga la presunta cartelización de obra pública; con el avance de ese trámite preliminar, el TOF 7 estaría en condiciones de disponer del día para el inicio del debate donde Cristina Fernández se encuentra imputada como la jefa de una asociación ilícita.
Cámara de Casación. El máximo tribunal penal del país tiene pendiente el avance de causas que involucran tanto a Mauricio Macri como a su antecesora Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado la sala II debe determinar si ratifica o no al camarista Carlos Mahiques (también involucrado en el viaje a Lago Escondido) tras la recusación en su contra presentada por la querella de los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan a raíz de la apelación de la decisión de la cámara federal porteña de sobreseer al exmandatario.
Asimismo, se encuentran pendientes en Casación la definición sobre la realización de los juicios en los expedientes “Memorando con Irán” y “Hotesur-Los Sauces”, donde la actual vicepresidenta fue sobreseída sin haberse realizado debate en ninguna de esas causas.
Corte Suprema de Justicia. La última instancia judicial del país tiene por zanjar la cuestión de fondo en el conflicto por los fondos coparticipables entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Sin embargo, también debe decidir sobre la continuidad del expediente “Dólar futuro”, donde Cristina Fernández también fue sobreseída junto Axel Kicillof y otros luego de que el fiscal ante la cámara federal de casación, Raúl Pleé, apelara la decisión tomada por esa instancia.
Otra determinación fundamental para la Justicia en manos de la Corte tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. El organismo encargado de promover, sancionar y remover jueces y administrar el Poder Judicial se encuentra paralizado desde hace meses a la espera de que la Corte resuelva qué representantes de la Cámara de Senadores completarán la conformación de los veinte integrantes tras el pleito judicial entre Luis Juez y Martín Doñate.
