La crisis económica afecta aún más a la medicina privada. Es que el cobro de los copagos se trasladó a los tratamientos de fertilidad.
Según la Ley de Reproducción Asistida sancionada en 2013, son las obras sociales, las empresas de medicina privada y el Estado, quienes están obligados a cubrir la totalidad de las prestaciones en fertilidad a las personas mayores de 18 años.
Pero como el Estado casi no tiene centros de reproducción en hospitales públicos, las obras sociales y prepagas realizan convenios con los centros de fertilidad.
Argentina y Uruguay son los dos países, donde se hacen más fecundaciones in vitro por habitante.
En Argentina, la cobertura es universal y debería ser de forma total para todos. Pero en este contexto los centros de fertilidad, responsabilizan a la inflación, la devaluación y la limitación en las importaciones. En ese sentido, son muchas las familias con el sueño postergado de formar una familia y quedan en lista de espera hasta que la situación mejore.
Desde algunas ong ven a esta situación con preocupación y argumentan que esto se está dando en todas las prestaciones de salud y que por ahora la única solución es insistir en los centros donde se realizan estos tratamientos.
Desde otros sectores aseguran que esta realidad pone en riesgo la continuidad de los centro de reproducción.
