Se ha instalado un debate sobre qué debe hacer el Estado con sus tierras ociosas en las ciudades y en el campo. Mauricio Macri tanto como el Jefe de Gobierno Porteño, como Presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno Porteño, han apostado a la privatización de tierras públicas, venderlas para que el sector privado haga desarrollos inmobiliarios y usar esos fondos para cubrir gastos públicos.
El Gobierno de Alberto Fernández se ha estrenado denunciando a Macri y a otros funcionarios de su gobierno por vender algunas tierras públicas por lo que consideran un precio vil y a presuntos amigos. Además, han frenado la sesión de tierras en Corrientes, en Vicente López. Por otro lado, ha entregado tierras a AySA y a una universidad del Conurbano.
Félix Crous, Jefe de la Oficina Anticorrupción denunció a principios de septiembre a Macri, al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña y al Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por privatizar inmuebles a menor precio que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en licitaciones con pocos oferentes. En las que ganaron sociedades de amigos como el ex Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
"Los precios por los cuales fueron vendidos, le causan un perjuicio notable al Estado tratándose de bienes muy deseables por cualquiera que esté en el mercado inmobiliario”, dijo Crous. Y agregó: “Son los terrenos literalmente más caros de la República Argentina. El perjuicio calculado globalmente es aproximadamente de 70 millones de dólares".
En Juntos por el Cambio alegan que en Argentina hay pocos desarrolladores inmobiliarios de peso y niegan vínculos con ellos.
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El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó a Macri de usar a la AABE como una inmobiliaria en el acto en el que entregó uno de sus terrenos a AySA y otro a la Universidad Nacional del Oeste. Además, el Gobierno revocó sesiones que había hecho Macri para desarrollos inmobiliarios. Uno en corrientes que ahora se destinará para viviendas del plan ProCrear y otro en Vicente López que quedará para La Armada.
En tiempos de tomas de tierras, 24 diputados oficialistas presentaron el proyecto de ley llamado “Marcha al Campo”, para distribuir tierras públicas y rurales y apoyar su producción.
María Rosa Martínez, diputada del Frente de todos explicó a quienes está dirigido este proyecto. “Los primeros destinatarios son aquellos trabajadores rurales que viven en el campo, que actualmente tienen dificultades”, indicó.
Asimismo, añadió: “Los que siguen son las personas que vienen del campo a la ciudad para construir una migración inversa. Y otras son para parejas, familias o personas jóvenes que deseen desarrollar su vida en el campo”.
El urbanista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fernando Murillo cree que es positiva “cualquier tipo de iniciativa que apunte a facilitar o movilizar suelo público para resolver cuestiones sociales y productivas”. Además agregó que, “hay una necesidad más urgente, ahora en post pandemia, de crear hábitat para los sectores más populares”.
La discusión apenas comienza y también provoca internas en el Gobierno, las provincias y los municipios con tierras ociosas.
I.R.A
