Tres casos vienen advirtiendo sobre los abusos de fabricantes de dispositivos médicos en el país y en el mundo para imponer sus productos a través de sobornos. Fueron revelaciones que años atrás pusieron la lupa sobre el comportamiento de las empresas pero también de los médicos y funcionarios públicos que cumplen roles centrales en este mercado. Se trata de las compañías Biomet (hoy Zimmer Biomet), Olympus y Stryker Corporation, todas dedicadas al negocio de los dispositivos médicos y acusadas de pagar sobornos a médicos y funcionarios aduaneros en la Argentina y otros países.
A pesar de las evidencias, ni las compañías ni los cirujanos han tenido consecuencias en la Argentina y las pruebas en su contra duermen en decenas de cajas de documentación en los Estados Unidos. Así pudo confirmarlo el equipo argentino de ICIJ, que integran La Nación, Infobae y Perfil, en esta nueva investigación global denominada Implants Files.
Los casos salieron a la luz por iniciativa de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission) y el Departamento de Justicia de ese país. Ambos organismos difundieron documentos públicos resumiendo los casos pero nunca enviaron las pruebas a la Justicia argentina. Tampoco aportaron la documentación solicitada para esta investigación.
Las identidades de los médicos y funcionarios que aceptaron coimas de estas multinacionales para prescribir sus prótesis y dispositivos médicos siguen en poder de las autoridades estadounidenses, bajo secreto.
Durante tres meses, el equipo argentino de Implants Files solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión de Valores de ese país acceso a documentación, pruebas, testimonios e identidades de los involucrados en los casos de Biomet y Olympus. Los resultados fueron infructuosos, a pesar de que se recurrió a la Freedom of Information Act (FOIA), la ley de acceso a la información pública de dicho país.
La División Criminal del Departamento de Estado comunicó el 9 de noviembre que el organismo se niega a brindar información sobre el caso que involucra a la compañía Olympus y rehúsa aportar pruebas para esclarecer los hechos en la Argentina. El organismo se amparó en que desclasificar ese tipo de información podría interferir en una investigación penal. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado sostuvo que tampoco confirmaba la existencia de estas pruebas.
En el caso de Biomet, la Comisión de Valores estadounidense (SEC) respondió ante la solicitud del equipo argentino de ICIJ realizada en agosto que ha identificado unas 20 cajas de pruebas posibles sobre sobornos en la Argentina, que incluyen 20 cajas de registros impresos, 401 MB de archivos electrónicos y 7 producciones en diversos medios (CD, DVD, etc.). Sin embargo, el organismo estadounidense (que interviene en este tipo de casos cuando las empresas acusadas cotizan en la bolsa de Nueva York) sostiene que no puede dar en este momento la información por su complejidad y que necesita tiempo para procesarla.
El equipo también pidió acceso a las pruebas de sobornos de la compañía Stryker Corporation. Esta empresa ocupa el puesto 10 del ranking de fabricantes de dispositivos médicos con más casos de daños reportados en 2017 en los Estados Unidos, según la FDA. La SEC alegó en septiembre que necesitaría 36 meses, es decir, tres años, para reunir la información relacionada con la Argentina en este caso. Agregó que habría identificado la existencia de 16 cajas con documentación que “podrían contener” los documentos y testimonios que prueben los sobornos en la Argentina.
El caso Biomet. Entre 2000 y 2008, la empresa Biomet Inc. pagó sobornos a través de cuatro subsidiarias a médicos contratados por hospitales públicos y funcionarios de la Aduana en Argentina, Brasil y China para ingresar y vender sus prótesis ortopédicas. Así fue difundido el 26 de marzo de 2012 por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission). Biomet opera en más de 100 países, cuenta con aproximadamente 17.000 empleados. En 2015, reportó ingresos por US$ 6.000 millones.
En aquel momento, Biomet acordó con el organismo estadounidense pagar US$ 5.575.731 y una multa de US$ 17.280.000 para resolver los cargos penales, tal como se informó a través de un comunicado de prensa.
Biomet es una compañía de dispositivos médicos con sede en Warsaw, Indiana, y operaba en el país a través de Biomet Argentina.
Para poder vender sus productos, Biomet pagaba a los médicos entre el 15% y 20% del valor de cada prótesis. Simulaba pago de honorarios pro en realidad era dinero destinado a desplazar a otras empresas proveedoras de prótesis en hospitales públicos.
Con el fin de ocultar el propósito ilícito de los pagos, los empleados de Biomet Argentina se valieron de facturas falsas de los médicos, que indicaban que los pagos de la empresa eran por supuestos servicios profesionales o consultoría que nunca existieron.
Biomet Argentina registró los pagos como "honorarios de consultoría" o "comisiones".
A partir del año 2000, la AFIP prohibió los pagos libres de impuestos a los cirujanos y obligó a los empleados de Biomet Argentina a cambiar la estrategia. Comenzaron a las coimas como "regalías" u "otras ventas y mercadeo".
Los ejecutivos y auditores de la sede de Biomet en Indiana conocían la situación de los sobornos en Argentina desde el año 2000, según determinó la investigación de las autoridades estadounidenses. Incluso tenían una asignación presupuestaria de entre el 13% y el 20% en concepto de “comisiones para el cirujano".
Recién en 2008 se produjo un cambio: Biomet suspendió los pagos a los médicos argentinos y envió a un abogado externo para investigar el asunto. En diciembre de ese año, la empresa suspendió todas las ventas en la Argentina. Volvió a ingresar gradualmente al mercado en 2009.
En junio de 2015, Biomet fue adquirida por Zimmer Holdings, Inc. y pasó a llamarse Zimmer Biomet Holdings. Las prácticas corruptas de la empresa no cesaron, según confirmaron las autoridades de los Estados Unidos en otro documento, fechado el 12 de enero de 2017.
Nuevos casos de soborno se continuaron en Brasil y además, se detectó que la compañía intentaba introducir en México productos no registrados, sobornando a empleados aduaneros de ese país.
Ecos con poco rebote. Tras las revelaciones informadas por las autoridades de los Estados Unidos, un empleado de la Aduana se presentó ante la Justicia argentina y denunció los hechos publicados. Además, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña también se hizo eco y presentó otra denuncia.
En la sede de los tribunales en lo Penal Económico –que se centra en casos de contrabando- se originó un segundo expediente a cargo del juez Gustavo Meirovich. Las investigaciones pronto se archivaron. Meirovich citó al denunciante a declarar pero el aduanero sólo aportó lo que había sido publicado en los medios. Envió exhortos a las autoridades estadounidenses para que le remitieran las pruebas contra médicos argentinos y funcionarios de la Aduana. Pero en el juzgado aseguran que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) jamás respondió. Tampoco surtieron efecto las negociaciones informales para obtener la lista de los sobornados por Biomet y Olympus. El caso se archivó y duerme en los tribunales de la calle Inmigrantes, en Retiro.
También a raíz de uno de estos casos, la ONG “Usuarios y Consumidores Unidos” presentó una acción colectiva para que se indemnice a todos aquellos consumidores que abonaron sobreprecios en virtud de la práctica ilegal de Biomet y pidió una indemnización punitiva de $ 5.000.000.000.
Los consumidores afectados son todos aquellos pacientes argentinos que utilizaron productos médicos de Biomet desde el año 2000 hasta 2008 y que hubieran pagado total o parcialmente dichos productos.
El caso Stryker Corporation. El caso de Biomet no fue el único que se ventiló en el país. Stryker Corporation, una multinacional norteamericana dedicada a la venta de dispositivos médicos, también confesó ante la SEC haber pagado coimas por casi un millón de dólares a médicos de hospitales públicos en la Argentina entre 2005 y 2008, a cambio de que éstos utilizaran productos de su marca.
Una investigación de la SEC descubrió que las subsidiarias de Stryker en Argentina, Grecia, México, Polonia y Rumania realizaron pagos ilícitos por un total de aproximadamente US$ 2,2 millones, que justificaron en sus libros como donaciones de caridad, contratos de consultoría y servicio, gastos de viaje y comisiones.
Stryker obtuvo aproximadamente US$ 7,5 millones en ganancias ilícitas como resultado de los sobornos. Por los cargos, la empresa acordó pagar una multa de US$ 13.2 millones y logró cerrar la investigación en su contra.
En la Argentina, se pagaron 392 sobornos entre 2005 y 2008, que se cancelaron con cheques a médicos. Los profesionales recibían alrededor del 20 % del valor de las ventas que le garantizaban a la compañía.
El caso Olympus. Entre abril de 2008 y diciembre de 2009, otra compañía de dispositivos médicos, Olympus Latin America Inc, pagó sobornos a médicos argentinos por 20.000 dólares, incluyendo viajes a congresos, a cambio de que se compraran dispositivos de esa marca en hospitales públicos.
La demanda también fue presentada en Nueva Jersey, Estados Unidos, por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Olympus es la mayor distribuidora de endoscopios y equipos afines en los Estados Unidos. Terminó acordando pagar un total de US$ 623,2 millones a las autoridades estadounidenses para arreglar varios cargos civiles y criminales, entre ellos sobornos a hospitales y médicos norteamericanos para incrementar las ventas.
En la Argentina, se abrieron distintos expedientes en la Justicia federal que actualmente están archivados. Nunca se conocieron las identidades de los médicos argentinos involucrados ni de los funcionarios de la Aduana sobornados para facilitar el ingreso de las prótesis al país.
Por los cargos formulados por la filial de América Latina de la compañía, Olympus acordó pagar US$ 22,8 millones para desestimar las imputaciones de que sobornó a proveedores de salud Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Olympus Latin America proporcionó “dinero en efectivo, transferencias de dinero, viajes personales, equipos gratuitos o a precios muy rebajados, y otras cosas de valor” a médicos que trabajaban en hospitales y clínicas del gobierno, según el acuerdo de enjuiciamiento. Las coimas pagadas ayudaron a la compañía a ganar más de 600 millones de dólares en ventas y obtener beneficios brutos de más de US$230 millones, según dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
