Si no se reduce la población carcelaria, "no va haber manera de controlar la situación"

En la tarde de ayer, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los tribunales inferiores otorgar medidas alternativas a la cárcel. Fue a raíz de un planteo presentado la semana pasada por Guillermo Todarello, defensor público oficial y co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) y por Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Mediante su acordada, el máximo tribunal penal del país consideró la doble situación de emergencia actual en lo que  respecta a las cárceles: la sanitaria, declarada por la pandemia de coronavirus, y la producida por el hacinamiento general que se registra en los establecimientos federales.

En diálogo con PERFIL, Todarello resaltó la importancia de la decisión tomada por Casación al considerar que “es muy positiva y puede ser una guía fundamental para juzgados y tribunales”. “El objetivo fundamental es disminuir la población carcelaria, sino no va haber manera de controlar la situación. Si ingresa el virus, no va a ser posible hacer frente a una situación de contagios múltiples en la carcel”, sostuvo.

“Esto viene siendo propuesto e impulsado por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Prevencion de la Tortura”, agregó. “Se da en todo el mundo a personas en situación de riesgo que permitan salir.  Hablamos de un derecho básico, que es el de la vida”, completó. 

Tras lo cual consideró que cree que “cada planteo de los defensores van a hacer referencia a esta acordada. No digo que va a ser automático, pero si considerado por las  partes”. Al tiempo que evaluó fundamental que los fiscales puedan evaluar una línea de trabajo en este sentido. en especial tras los cambios que se introdujeron en el sistema argentino luego de la entrada en vigencia, por parte de la Comisión Bicameral, del sistema acusatorio. 

“Las cárceles también forman parte de nuestra sociedad. Son un lugar de entrada y salida de personas, proveedores, médicos y enfermeros”.

La llegada de la pandemia de COVID-19 se da en el medio de la situación de emergencia carcelaria que en Argentina está vigente desde que se dictó en 2019. “Hay un contexto  de hacinamieno en las cárceles, que hace que no se garantice la salud. No hay cupo de educación, ni trabajo. A eso se suma el COVID-19. Esas dos emergencias reflejan claramente la situación que estamos viviendo”, resumió Todarello. 

En el marco del avance de la enfermedad, Todarello sostuvo: “Las cárceles también forman parte de nuestra sociedad. Son un lugar de entrada y salida de personas, proveedores, médicos y enfermeros”. Y en este sentido sobre todo hay un hecho preocupante ya que muchas veces estos profesionales trabajan en hospitales por fuera de los de los del servicio penitenciario, “por lo que hay amplios riesgos de que contraigan el virus y de llevarlo a la carcel y generar riesgo”.

La situación de encierro y superpoblación carcelaria hace que, en caso de que el virus entre a la cárcel,  la posibilidad de contagio sea aún más grave que en todos los demás lugares. Todarello lo explica detallando que quienes están en libertad, pueden “tomar distancia y precauciones, pero en una carcel no”.

A lo que se suma “la falta de medios para elementos de higiene”, ya que los reclusos “no se encuentran proveídos de esos elementos. Y a eso se agregan las dificultades con las visitas de las familias para alimentarse correctamente. Porque las personas privadas de su libertad comen a través de lo que le llevan sus visitas”, detalló. “Cuando no se ven colas de gente con los bolsones cargados de alimentos, los detenidos están comiendo mal y poco”, agrega Todarello, quien explica que la alimentación de las cárceles es deficiente “y eso provoca  grandes daños”.

Mala alimentación, defensas bajas, falta de sol y oxígeno, son algunos de los aspectos que hacen a los internos “más proclive al contagio de virus”. Así como también la ausencia de visitas repercute en que muchos de ellos tampoco acceden a sus medicaciones o pierden la posibilidad de que sus familiares les depositen dinero en la cantina
del penal, lo que también les permite acceder a alimentos que el Servicio Penitenciario no le suministra. Contundente, Todarello resume en una frase la situación: “es muy grave,  las personas detenidas están en un riesgo evidente de contrarer el virus”.

"Las personas privadas de su libertad comen a través de lo que le llevan sus visitas. Cuando no se ven colas de gente con los bolsones cargados de alimentos, los detenidos están comiendo mal y poco".

La presentación ante Casación, paso para la decisión del tribunal

Al referirse a su presentación la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma, Todarello explicó a PERFIL que lo que advirtió es que “había decisiones judiciales contradictorias”, respecto de los criterios para otorgar arrestos domiciliarias a quienes constituyan por distintos motivos, población de riesgo. “La Casación tiene un origen que esta para unificar jurisprudencia”, detalló Todarello y agregó que teniendo en consideración eso, elevó la nota en la que advertia que los diferentes criterios utilizados “impedían garantizar los derechos básicos: a la vida, la salud, la integridad fisica”. Y que era imprescindible que se convocara a todos los camaristas para establecer criterios mínimos para que juzgados y tribunales tengan en cuenta jurisprudencia del organo superior. “Eso trae certeza, previsibilidad. Y después se trabaja en cada caso concreto, porque no son lo mismo todos los casos”, detalló en diálogo con este medio.

Tras su presentación se sumó el escrito de Mugnolo,para que las personas en riesgos puedan estar en sus domicilios al menos hasta que pase la pandemia. En ese marco podrían entrar personas que estén dentro de los grupos de riesgo por edad, patologías previas, que tengan hijos en su situación y también, personas con condenas leves o cuyas penas estén próximas a cumplirse, todas las cuales forman parte de un lista de 1248 personas que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) incluyó en un listado hace pocas semanas.  

CD / DS