Las sociedades científicas y organizaciones nacionales advirtieron sobre los riesgos de la posible legalización de los cigarrillos electrónicos, presentados erróneamente como una alternativa de “menor daño”. Además, señalaron que permitir su comercialización representaría un retroceso sanitario importante y afectaría especialmente a niños, niñas y adolescentes, al facilitar nuevas formas de adicción a la nicotina.
A partir de un informe reciente, titulado Productos emergentes y daño a la salud: situación en Argentina y recomendaciones (2025), elaborado por múltiples sociedades médicas, destaca que no existe evidencia científica independiente que respalde que los cigarrillos electrónicos o los productos de tabaco calentado sean seguros. Por el contrario, advierte que su uso se asocia con enfermedades cardiovasculares graves, accidentes cerebrovasculares y trastornos metabólicos, riesgos comparables a los de los cigarrillos tradicionales.
De forma paralela, una revisión publicada este año en Tobacco Control identificó vínculos entre el vapeo y diversos problemas de salud, incluyendo neumonías, bronquitis, cefaleas, daños orales y disminución del recuento de espermatozoides, evidenciando sus efectos negativos sobre el organismo. Además, se agrega que el uso combinado de cigarrillos electrónicos y tabaco convencional (uso dual) aumenta significativamente el riesgo de daño.
Participan en la advertencia sobre este fenómeno organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA), la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones (AEA).
La evidencia científica indica que los cigarrillos electrónicos actúan como una puerta de entrada al consumo de tabaco, especialmente preocupante en adolescentes, muchos de los cuales comienzan a fumar tras usar estos dispositivos, aumentando el riesgo de otras adicciones.
Al mismo tiempo, las estadísticas en Argentina reflejan una realidad alarmante: según un estudio de FIC Argentina (2023), el 8,9% de los adolescentes entre 13 y 18 años consume actualmente cigarrillos electrónicos, cifra que supera la registrada en 2018, y en la Ciudad de Buenos Aires, el 38,7% de los jóvenes ha probado al menos algún producto de tabaco o nicotina. Por su parte, la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (2018) indicó que el 7,1% de los adolescentes de 13 a 15 años usaba cigarrillos electrónicos, consolidando una tendencia creciente en el consumo entre los menores.
Cuál es el país que les prohíbe fumar a todos los jóvenes, incluidos los turistas
Desde la perspectiva de las firmantes, “Legalizar los cigarrillos electrónicos es abrir una puerta directa a una nueva generación de consumidores. La industria tabacalera busca recuperar mercado entre los jóvenes mediante productos atractivos, con sabores dulces y gran presencia en redes sociales”.
Marco legal vigente y llamado a reforzar controles
La Argentina cuenta con un marco legal vigente que prohíbe la comercialización, importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Aquella prohibición está establecida por la Disposición ANMAT 3226/2011 y la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud, adoptadas bajo el principio precautorio para proteger la salud pública ante evidencias científicas claras sobre los riesgos que representan.
Así también, las sociedades científicas y organizaciones nacionales instan a las autoridades tanto nacionales como provinciales a mantener y fortalecer las políticas de control sobre el tabaco y la nicotina. De hecho, llaman a intensificar la fiscalización para evitar la venta ilegal y la publicidad encubierta. En un comunicado, sostienen que “hablar de reducción de daños es una estrategia discursiva de la industria tabacalera. La verdadera reducción de daños debe guiarse por políticas públicas basadas en la evidencia científica y el interés por la salud, no en intereses comerciales”.
MV/DCQ
