Se desarrolló ayer la audiencia pública que la Ley 4.472 fija como obligatoria previa a un aumento en la tarifa del servicio del subte. Sin embargo, su carácter de no vinculante convierte a este espacio de debate y discusión en un simple trámite. La intención del Gobierno porteño es elevar desde el 1° de marzo próximo el costo del pasaje a $ 4.50, ($ 5 para los que no abonen con SUBE) aunque contempla descuentos de hasta el 40% para usuarios frecuentes.
El encuentro, levado a cabo en el Teatro San Martín, era para debatir el aumento. Sin embargo, faltaron varios de los 110 oradores que estaban anotados. El titular de Sbase, Juan Pablo Piccardo, explicó que “la readecuación de la tarifa se propone a raíz del aumento en los costos de explotación del servicio, producto del creciente proceso inflacionario que incrementó los costos en 250 millones de pesos durante 2013”. Y justificó la suba en que Buenos Aires tiene la quinta tarifa más baja del mundo.
Críticas. Uno de los más enérgicos contra el aumento fue el del legislador Pablo Ferreyra (Izquierda Popular). El diputado exigió al Gobierno porteño que frene el aumento y “realice una auditoría exhaustiva e imparcial sobre las ganancias y los costos de la empresa Metrovías”. Y pidió “establecer una tarifa que permita el uso del subte para todos”.
Por otra parte, la diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) manifestó que “los vecinos estamos pagando como usuarios y con los impuestos por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de seguridad ni brinda prestaciones de calidad”.
El esquema propone un sistema de tarifas escalonadas que tendrán un valor de entre $ 2,70 y $ 4,50 con descuentos del 20%, 30% o 40%, según la frecuencia de uso mensual
