Un concejal y exfuncionario de San Iidro acordó pagar una indemnización de 12 millones de pesos a una excompañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que le tocó los glúteos sin su consentimiento dentro de una oficina de la Dirección de Tránsito municipal. El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando el acusado, Alberto Montes, se desempeñaba como inspector de tránsito y acababa de ser electo concejal por La Libertad Avanza. Además del acuerdo económico, enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.
El video que originó la denuncia
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en una dependencia municipal de la localidad de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces inspector ingresa a una oficina y toca a una compañera que se encontraba de espaldas realizando tareas laborales.
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Tras el contacto, la mujer reaccionó de inmediato y respondió con un golpe en el rostro del acusado. El episodio derivó posteriormente en una denuncia judicial que se tramitó tanto en el fuero civil como en el penal.
Según trascendió, el hecho ocurrió pocas semanas antes de que Alberto Montes asumiera su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2023. En el ámbito civil, las partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el concejal se comprometió a abonar una compensación de 12 millones de pesos a la denunciante.
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El esquema de pago contempla cuotas escalonadas: una de tres millones de pesos, dos de dos millones y varias restantes de un millón cada una. El acuerdo tomó estado público luego de que trascendiera que el funcionario se habría retrasado en algunos de los pagos comprometidos y fuera intimado judicialmente.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la denunciante firmó la documentación correspondiente el pasado 14 de mayo para formalizar el entendimiento alcanzado.
La causa penal sigue abierta
A pesar del acuerdo económico, la investigación penal continúa en trámite. El expediente está caratulado como “abuso sexual” y tramita en el Juzgado Correccional N° 5. La defensa del concejal solicitó el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia. Posteriormente, la resolución fue apelada, por lo que el expediente pasó a una instancia superior para su revisión.
Personas cercanas al caso señalaron que la causa podría ser elevada a juicio oral durante los próximos meses y que la instancia de debate está prevista para octubre.
El caso también generó repercusiones políticas dentro del Concejo Deliberante de San Isidro. Sectores de la oposición impulsan la remoción del consejal, aunque por el momento no cuentan con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
La concejal Estefanía Rivadulla, integrante de Fuerza Patria, cuestionó la continuidad de Montes en el cargo y sostuvo que las instituciones deben dar respuestas ante denuncias de violencia y abuso.
También la oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local. Ya que actualmente, su sueldo neto, de bolsillo, es de 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial, salvo que renuncie a su actual puesto.
Rivadulla dijo: “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”.
De acuerdo con la composición actual del cuerpo legislativo local, el oficialismo y sus aliados reúnen 14 de las 24 bancas, una mayoría que dificulta el avance de cualquier intento de destitución.
Consultado sobre el caso, Montes evitó responder preguntas y envió una breve declaración. Allí afirmó que existió un pedido de disculpas entre las partes y remarcó que se alcanzó un acuerdo económico.
Asimismo, sostuvo que el episodio “intentó ser un chiste” y señaló que el convenio fue aceptado por las partes involucradas y se encuentra a la espera de homologación judicial. La situación judicial del concejal seguirá definiéndose en el ámbito penal, donde la investigación permanece abierta y podría desembocar en un juicio oral.
