A un año de que en Argentina el aborto sea legal, el acceso en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias.
Así lo demostró el Proyecto Mirar, una iniciativa de Cedes e Ibis Reproductive Health que monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras clave de las políticas y de la provisión de servicios de aborto.
Una de las marcas más contundentes de los datos son las desigualdades entre las provincias: por ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional. También se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por mil mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5,6 y en Tierra del Fuego es de 4,3, mientras que en Chaco (0,9) y Formosa (0,6) esa tasa es sensiblemente menor. La nacional se ubicó en 3,2. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
Durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público. En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
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Además de analizar el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, proyecto mirar llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos: “Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional”, consideró Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes.
Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol) para proveer un aborto seguro que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente. El paso que sigue, señala el reporte, es observar el comportamiento de este indicador para dar cuenta de la respuesta de la política sanitaria para crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad. También señala la necesidad de difundir más aún los alcances de la ley, de tal forma que las personas con capacidad de gestar de todo el país sepan donde acudir para obtener un aborto seguro.
Además, tras la sanción y reglamentación, cada jurisdicción pudo abordar algunas aristas que pudieran resultar más controvertidas, como la objeción de conciencia. “Algunas provincias difundieron con claridad los límites y deberes asociados a la objeción de conciencia, y otras están explorando modalidades, como efectuar listados donde los profesionales que deciden alegar objeción deben anotarse”, detalló Agustina Ramón Michel, abogada de Cedes.
