Desde Tucumán
La Justicia de Tucumán atraviesa un momento delicado. El desempeño del fiscal N° 10, Guillermo Herrera, en la instrucción de varias causas penales provocó una crisis interna que llevó al Colegio de Abogados de la provincia a reclamar una investigación con la sospecha de que ese funcionario y su par Alejandro Noguera habrían convertido el fuero penal en una agencia de cobranzas.
El hallazgo de una carta elogiosa para con Rubén “la Chancha” Ale, cabecilla del clan en desgracia desde el ascenso de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, desató una crisis con consecuencias institucionales imprevisibles. La misiva encontrada en el allanamiento del domicilio de Ale, en el ámbito de la investigación de un supuesto lavado de activos, fue atribuida al fiscal provincial Alejandro Noguera. Este ya había protagonizado un escándalo en 2006, cuando fue apartado de la investigación del homicidio de Paulina Lebbos –el crimen sigue impune–; algunos años más tarde, Alperovich lo ascendió a fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.
La Justicia Federal considera que Noguera pudo haber redactado la carta, que no lleva firma, en conexión con su actuación en la causa Jorrat, una supuesta usurpación agravada imputada a Ale, entre otros. En esa pesquisa iniciada en 2011, el fiscal de Cámara se pronunció dos veces en favor del acusado: su segundo dictamen terminó por cerrar el caso, pese a que había más de cien pruebas en contra de la Chancha. Previamente, el fiscal N° 10, Guillermo Herrera, había solicitado y obtenido la prisión preventiva para ese acusado, pero su ímpetu investigativo se esfumó cuando las partes en conflicto convinieron la restitución del fundo con indemnización de 300 mil pesos incluida. Ale firmó este acuerdo en prisión y, al poco tiempo, recobró la libertad.
Tras la divulgación de la epístola comprometedora, llovieron denuncias penales contra Noguera (una de ellas presentada por la Unidad de Información Financiera que preside José Alberto Sbattella). Pero también contra Herrera, a quien el Colegio de Abogados de la Capital acusa de haber convertido el fuero penal en una agencia de cobranzas. “El desempeño de Herrera en ‘Jorrat’ reflejaría un patrón de conducta anómalo consistente en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial”, declaró Francisco García Posse, presidente de la entidad profesional, en sede judicial. Ese letrado añadió que el modus operandi irregular estaría presente en otras cuatro actuaciones.
Amigos del poder. En dos de los casos denunciados por el Colegio actuaron por la querella los abogados Edmundo Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos de Edmundo Jesús Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de Alperovich, y jefe de los fiscales y defensores desde agosto de 2014. Jiménez y Herrera tienen una amistad pública: el primero fue determinante para que el gobernador designase fiscal al segundo en 2004, a poco de asumir la conducción del Poder Ejecutivo.
Los vínculos entre el fiscal denunciado y su superior y entre éste y los letrados intervinientes en dos de las causas cuestionadas quedaron expuestos en virtud de la auditoría que ordenó la Corte a posteriori de la publicación en La Gaceta de la denuncia de García Posse. El ministro público Jiménez (el equivalente de Alejandra Gils Carbó en la provincia) se resistió a la fiscalización e, incluso, amenazó a los auditores que controlaban la causa Teves con que podrían tener problemas si leían el expediente, según consta en el acta labrada por los fedatarios judiciales.
