Buscan frenar el remate de un pueblo cordobés

Mientras la preocupación de los pobladores de Olivares de San Nicolás crece por la determinación judicial de rematar parte de la comuna el próximo 18 de diciembre, el presidente de la empresa dueña de esa parcela de tierra, Jorge Pierrestegui, aseguró que hay una negociación en marcha con el acreedor, el Banco Francés, para frenar la decisión judicial.

Pierrestegui, titular de la empresa homónima del pueblo, aseguró que " con el Banco Francés hay una negociación en marcha que podría cerrarse la semana próxima”. “El monto ha sido acordado en un millón de dólares, de los cuales pagaríamos 800 mil al contado y el resto con la próxima cosecha", explicó en declaraciones a La Voz del Interior.

En relación a la orden del juez, el empresario fue contundente: " Es una maldad", consideró en relación a la medida de fijar la fecha del remate por parte del juez en lo civil porteño número 46, Carlos Molina Portela.

Remate. Portela fijó para el 18 de diciembre próximo la fecha para rematar un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, a raíz de las deudas que mantienen los dueños de las tierras en las que está emplazado con el BBVA Banco Francés.

La comuna de Olivares de San Nicolás, situada a 14 kilómetros de Cruz del Eje, alberga a unas 800 personas que viven en 150 viviendas. El lugar tiene, además, iglesia, juzgado de paz, destacamento policial, escuela, sala médica y negocios comerciales.

Carmen Antonio Heredia, jefe comunal electo de Olivares San Nicolás, aseguró que “existe una gran preocupación entre los pobladores de esta comuna”.

Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate.

El abogado Eduardo De Luca, quien patrocina a varios de los habitantes de San Nicolás, explicó que el recurso judicial que busca frenar el remate se basa sobre " la inmanencia del Estado y la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del Estado".

"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la convención de los derechos del Niño, a los cuales nuestro País ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado.

El pueblo está ubicado en una fracción de un campo de 2.216 hectáreas, la mayoría de ellas dedicadas a olivares. En realidad, los terrenos nunca fueron parcelados ni escriturados a nombre de los habitantes, sino que pertenecen al propietario del olivar, aunque en algunos casos hay familias que están asentadas allí legalmente desde hace seis décadas.