Se trata de
Olivares de San Nicolás, donde viven unas 800 personas. Un juez dispuso la medida
raíz de las deudas que mantienen los dueños de las tierras. La
empresa y el acreedor hablan de un posible acuerdo.
|
Google Earth
Mientras la
preocupación de los pobladores de Olivares de San Nicolás crece por la
determinación judicial de rematar parte de la comuna el próximo 18 de diciembre, el presidente de
la empresa dueña de esa parcela de tierra, Jorge Pierrestegui, aseguró que hay una
negociación en marcha con el acreedor, el Banco Francés,
para frenar la decisión judicial.
Pierrestegui, titular de la empresa homónima del pueblo, aseguró que "
con el Banco Francés hay una negociación en marcha que podría cerrarse la semana
próxima”. “El monto ha sido acordado en un millón de dólares, de los cuales
pagaríamos 800 mil al contado y el resto con la próxima cosecha", explicó en declaraciones a
La Voz del Interior.
En relación a la orden del juez, el empresario fue contundente: "
Es una maldad", consideró en relación a la medida de fijar la fecha del remate por
parte del juez en lo civil porteño número 46, Carlos Molina Portela.
Remate.
Portela fijó para el 18 de diciembre próximo la fecha para rematar un pequeño pueblo de la
provincia de Córdoba, a raíz de las deudas que mantienen los dueños de las tierras en las
que está emplazado con el BBVA Banco Francés.
La comuna de Olivares de San Nicolás, situada a 14 kilómetros de Cruz del Eje, alberga a unas
800 personas que viven en 150 viviendas. El lugar tiene, además, iglesia, juzgado de paz,
destacamento policial, escuela, sala médica y negocios comerciales.
Carmen Antonio Heredia, jefe comunal electo de Olivares San Nicolás, aseguró que
“existe una gran preocupación entre los pobladores de esta comuna”.
Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra
asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate.
El abogado Eduardo De Luca, quien patrocina a varios de los habitantes de San Nicolás,
explicó que el recurso judicial que busca frenar el remate se basa sobre "
la inmanencia del Estado y la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del
Estado".
"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor
hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la convención de los
derechos del Niño, a los cuales nuestro País ha adherido e incorporado en la Constitución
Nacional", indicó el abogado.
El pueblo está ubicado en una fracción de un campo de 2.216 hectáreas, la mayoría de ellas
dedicadas a olivares. En realidad, los terrenos nunca fueron parcelados ni escriturados a nombre de
los habitantes, sino que pertenecen al propietario del olivar, aunque en algunos casos hay familias
que están asentadas allí legalmente desde hace seis décadas.
