Julio Sáenz era el único jefe policial que no se había entregado el miércoles pasado, cuando un fallo de la Cámara de Apelaciones convalidó las detenciones de nueve policías platenses acusados de recaudar dinero ilegal. No había abandonado la capital provincial, pero sí su domicilio particular. Estaba oculto en el departamento de su novia, en pleno centro de la ciudad. Sáenz no ofreció resistencia y enseguida pasó a convertirse en el policía Nº 255 que es detenido desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el ministro Cristian Ritondo.
Los registros que lleva la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Guillermo Berra, revelan que un integrante de la fuerza más numerosa del país es detenido cada treinta horas. Alarmante.
Según estos datos, al menos 27 son de alto rango y ocupaban puestos importantes cuando fueron esposados. En la lista figuran tres comisarios mayores y dos inspectores. También once comisarios y once subcomisarios, muchos de ellos a cargo de comisarías.
Darío Camerini, por ejemplo, estaba a cargo de la Jefatura Departamental de La Plata en abril pasado, cuando en un sorpresivo operativo de Asuntos Internos en el despacho de su secretario, el oficial principal Walter Skramowskyj, secuestraron 36 sobres numerados con 153.700 pesos.
Este comisario inspector, detenido el miércoles último, ocupaba un lugar de peso en la fuerza. La sede de La Plata, por su cercanía con la gobernación, es un verdadero trampolín para llegar al máximo cargo de la fuerza, como ocurrió con Juan Carlos Paggi, jefe de la Bonaerense entre los años 2009 y 2011.
La acusación contra Camerini no sólo puso al descubierto el aparato de recaudación ilegal de la Policía de la Provincia, sino que desmembró la estructura de poder de la Policía platense. La primera denuncia anónima que había recibido la Auditoría de Asuntos Internos, en febrero pasado, indicaba que este jefe policial recibía 200 mil pesos todos los meses de parte de los titulares de los cuatro distritos platenses. Un mes después un policía habló de la misma práctica y aportó que el comisario investigado poseía “varias propiedades” y que invertiría “dicho dinero en agencias de autos”.
Para la Justicia, Camerini sería el líder “de una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional perteneciente a dicha Jefatura”.
En el fallo de la Cámara de Apelaciones se destacó que los policías “tenían un acuerdo previo, verbal y al menos tácito, para constituir la organización delictual y ello puede inferirse a partir de la remisión de los sobres con el dinero y las misivas insertas en ellos, donde todos los remitentes y los destinatarios dieron cuenta de un acuerdo de voluntades, y de una organización con división de roles, tareas y funciones para realizar las actividades ilegales, donde el acuerdo no ha sido meramente transitorio sino duradero”.
Afuera. Camerini es uno de los 2.697 policías que fueron apartados de la fuerza. Entre el 10 de diciembre y el 15 de noviembre pasado fueron suspendidos otros 766 efectivos.
Según las fuentes consultadas por PERFIL, el número de apartados se triplicó respecto al mismo período del año anterior. Además, se duplicó la cantidad de denuncias a policías por mal desempeño o irregularidades: de 17.200 denuncias recibidas en 2015, se pasó a 35 mil.
En cuanto a los sumarios administrativos, se detalló que se iniciaron 7.514 en 2016, casi el doble que el año anterior (4.200). En las últimas horas, dos de las máximas autoridades policiales de la ciudad de Saladillo fueron relevadas de sus cargos: el jefe distrital José María Zunino y el comisario local Juan Negrete.
A estos policías los acusan por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la compra de combustible para patrulleros y otros móviles policiales, una práctica bastante habitual en una fuerza con muchas manchas.
