Con la participación de más de 70 testigos, comenzará este 26 de abril el juicio por el crimen del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, ocurrido en 1994 como consecuencia de sus investigaciones sobre la denominada "aduana paralela" durante el gobierno de Carlos Menem.
En el juicio comparecen como acusados el ex cabo de la Policía Federal Alejandro Daniel "Chiquito" Santillán y el ex policía bonaerense Francisco Severo "el Colorado" Mostajo, que estuvo prófugo durante gran parte del proceso, por el delito de "homicidio agravado por alevosía"..
Gutiérrez -que se dirigía desde Sarandí hasta su domicilio en el partido bonaerense de Quilmes- fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando viajaba en un tren del Ferrocarril Roca a la altura de la estación Sarandí el 29 de agosto de 1994, y su cadáver fue hallado cuando la formación llegó a la cabecera, en La Plata.
La víctima había iniciado una investigación sobre el almacenamiento de mercaderías presuntamente ilegales, además de armas, drogas y oro, en depósitos fiscales que proliferaron tras la desregulación del comercio exterior resuelta durante el gobierno de Menem (1989-1999).
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Encubrimiento policial, testigos bajo amenaza y una muerte sospechosa
El crimen "fue encubierto por la Policía Federal en colaboración con la Bonaerense, encargada de la investigación, y luego la causa tuvo un cuestionado recorrido en la Justicia provincial", dijo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El organismo recordó que "varios testigos fueron torturados y otros amenazados" y que "las líneas de investigación que apuntaban a los policías nunca fueron profundizadas". Además, el primer investigador policial del caso, el comisario Jorge Piazza, murió asesinado en un confuso episodio calificado como homicidio en ocasión de robo.
Por el homicidio fue enjuiciado en 1996 el expolicía Carlos Santillán, acusado de ser el autor material del hecho, quien finalmente resultó absuelto en un fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y calificado como "bochornoso" por la familia de Gutiérrez.
A juicio por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El caso del homicidio de Gutiérrez -hermano del exintendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez-, llega a la etapa de juicio por segunda vez, casi 28 años después del hecho, y como consecuencia de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2013, el Estado argentino admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de Gutiérrez y a que su familia obtuviera la reparación judicial por el crimen.
En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para "concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación"
"La Corte IDH ha considerado que las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso", sostuvo el tribunal internacional.
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El tribunal dispuso audiencias diarias de lunes a viernes hasta el 13 de mayo, pero las representantes de las querellas sostienen que ello podría afectar el desarrollo del proceso, por cuando no habría tiempo material para procesar lo que vaya surgiendo de los relatos de los testigos y la presentación de las pruebas.
Una de las abogadas querellantes, Carla Ocampo Pilla, explicó que buscará probar ante los jueces Claudio Bernard, Ramiro Fernández Lorenzo y Hernán Decastelli que la víctima investigaba "uno de los depósitos vinculados a la Aduana Paralela".
"No sólo genera expectativas, sino que es importante para la historia del país, porque tiene que ver con la investigación que luego se conoció como Aduana Paralela, con aquellas maniobras de narcotráfico y corrupción de los años '90", dijo la letrada a la agencia Télam.
"El 95 por ciento de la mercadería que entraba al país en esos años tenía luz verde, nada de controles", afirmó la abogada Ocampo Pilla, quien aseguró que "el depósito que estaba investigando Gutiérrez estaba vinculado a la Aduana Paralela, y no sólo no era un depósito fiscal sino que no estaba habilitado".
"El crimen de Gutiérrez fue además silenciante, buscaba que a nadie más se le ocurriera seguir con esa investigación", precisó Ocampo Pilla.
ds
