La tensión no cede en el Casino flotante de Puerto Madero: trabajadores rechazaron en las primeras horas de hoy una orden judicial que prohíbe el ingreso de más de cien de los empleados a su lugar de trabajo, en el inicio del período de conciliación obligatoria en el conflicto que sostienen con la empresa por 73 despidos.
La semana pasada el Ministerio de Trabajo intervino y dispuso la conciliación, pero la empresa logró que la Justicia impida el ingreso de 81 de los empleados despedidos, aquellos que se vieron involucrados en los violentos incidentes del pasado 9 de noviembre, cuando se enfrentaron a golpes con militantes del gremio portuario.
"Ese papel sin sello y sin firma no tiene validez. Desconocemos esa lista negra pegada en la puerta por la empresa", dijo uno de los delegados.
La jueza Servini de Cubría ordenó a la Prefectura Naval que impida el ingreso de los trabajadores involucrados en la causa por disturbios ocurridos el mes pasado en esa casa de juegos.
El personal en pleno de la sala de juegos se presentó a trabajar la pasada medianoche, acatando la conciliación obligatoria, pero al encontrar la restricción decidió, en asamblea, que, o entraba la totalidad de los empleados, o no entraba ninguno, y se mantuvo frente a los accesos.
Así, cientos de empleados del establecimiento flotante anclado en la Dársena Sur pasaron la noche en vigilia ante el Casino, mientras sus representantes reclamaban sin éxito una explicación a empleados jerárquicos de la empresa, bajo vigilancia de efectivos de la Prefectura Naval.
La firma recordó en un comunicado que todo su personal debía prestar servicio desde hoy dada la vigencia de la conciliación obligatoria ordenada por el Ministerio de Trabajo.
Aclaraba la empresa que esa disposición no comprendía a "aquellas personas alcanzadas por la resolución dictada en el día de la fecha (ayer) por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 de esta ciudad", María Servini de Cubría.
Informaba que a tales personas -120 según fuentes gremiales- " se ha prohibido su ingreso a la institución, a fin de garantizar la vida e integridad de las personas, como así también, el derecho a trabajar".
Añadía que "desde el 17 de noviembre, la compañía se encuentra operando y atendiendo al público de manera ininterrumpida".
En respuesta, los empleados respondieron, a través de uno de los delegados, que "lo único que tiene plena validez es la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo" y reclamaban el ingreso de todos, incluidos los 73 empleados cuyos despidos constituyen el núcleo del conflicto.
La resolución tiene vigencia desde hoy, en coincidencia con la entrada en vigor de la conciliación obligatoria dictada el jueves pasado, que retrotrae la situación al momento de producirse los despidos.
La disposición, dirigida al jefe de la Prefectura Naval, encomienda "arbitre los medios necesarios para impedir el acceso, a partir del día de la fecha y hasta tanto se disponga el levantamiento de la medida" y detalla a continuación los nombres de los afectados.
Una fuente de la cartera laboral, aseguró anoche a Télam que la conciliación obligatoria "sigue vigente incluso para aquellos trabajadores que habían sido despedidos a excepción de quienes están involucrados en la causa penal".
Fuente: Télam
