La muerte de María Marta García Belsunce sigue siendo un misterio. El caso, que comenzó hace 18 años y volvió al debate público tras el estreno del documental Carmel, en Netflix, dejó innumerables puntos sin resolver, derivó en ramificaciones impensadas y hasta marcó un hito en el proceso de elaboración de los certificados de defunción en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
El primer juicio oral relacionado al asesinato de la socióloga comenzó más de dos años después del crimen, que ocurrió el 27 de octubre de 2002. En realidad, no se trataba del proceso por el homicidio, sino de una parte del encubrimiento, la que correspondía a la elaboración del certificado de su muerte, generado esa misma noche en la funeraria porteña Casa Sierra.
Este documento presentaba graves irregularidades. Allí, se dejaba constancia que la mujer había fallecido en un departamento de la calle Junín al 1300, en la ciudad de Buenos Aires, cuando la muerte había ocurrido en el partido bonaerense Pilar. Además, certificaba que había sido a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, aunque tiempo después se supo que a María Marta le habían pegado cinco tiros.
A raíz del certificado, y ante una denuncia del entonces titular del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, el juez en lo Criminal de Instrucción Julio Lucini inició a fines de 2002 una investigación para establecer si existía una organización que falseaba actas.
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Tras la detención de una decena de personas, el magistrado procesó como como coautores del delito de "falsedad ideológica" al médico Juan Carlos March, que trabajaba en el Registro de las Personas de la ciudad de Buenos Aires, y a Guillermo Bártoli, miembro de la familia que firmó como autorizante el certificado de María Marta. A Oscar Sierco, ex gerente de la funeraria Casa Sierra, quien había llenado el documento, lo acusó como presunto "partícipe necesario".
La noticia se expandió como un reguero de pólvora. March comenzó a ser investigado, además, por la confección de otros documentos. En rigor, un informe del Colegio Médico del Distrito IV bonaerense, detectó 1995 certificados firmados por él durante 2002 en localidades como Tigre y Caseros. En 67 de esos casos se registraba el mismo horario.
Según informó por entonces el diario Página/12, también se descubrió que el 100 por ciento de las causales de muerte era “paro cardiorrespiratorio no traumático”. Se creía que el hombre había emitido unos unos 15 mil certificados anuales y que el grueso de estas actas operaba en blanco en cocherías bonaerenses.
En este marco, Personal de la Policía Federal llegó a exhumar en enero de 2003 los cuerpos de un matrimonio de apellidos Moile y Castro, cuyos certificados de defunción habían sido suscriptos por el médico. Las muertes parecían dudosas para el juez, ya que, de acuerdo con la investigación, March había certificado que la pareja falleció en la misma fecha y en lugares físicos diferentes.
Como si fuera poco, por esos días Bártoli fue desprocesado por Lucini por falta de mérito, pero la Cámara de Apelaciones rechazó la decisión del juez y le ordenó que lo procesara y lo embargara por medio millón de pesos. El marido de Irene Hurtig, quien murió en 2014, alegaba que había dado la dirección de Junín al 1300 para que María Marta fuera inhumada en la bóveda que la familia posee en el cementerio de Recoleta.
El juicio
Finalmente, el juicio contra March y Oscar Sierco comenzó en 2005. Bártoli no fue sometido al proceso, a la espera de que se resolviera su situación en San Isidro, donde se instruía la causa por el homicidio.
March, que por entonces tenía más de 70 años, argumentaba que sufría un problema físico que no le permitía escribir, por lo que sólo firmaba los certificados que eran llenados por otras personas. Para desligarse del caso, el médico incluso dijo que nunca había visto el cadáver de la dirigente de Missing Children, ni conocía el country El Carmel, donde se produjeron los hechos.
Fue condenado en marzo de 2005 a dos años de prisión en suspenso por haber falsificado, entre otros, el certificado de María Marta. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, que absolvió a Sierco, de la funeraria Casa Sierra, porque si bien había completado el acta, se consideró que no tuvo responsabilidad sobre su contenido porque había escrito lo que le dijo la familia. Sierco volvió a a cruzarse con Bártoli en un segundo juicio en noviembre de 2011.
En los fundamentos, se dio por probado que March firmó el documento pese a que nunca había visto el cadáver y, por lo tanto, no le constaba que estuviera muerta. Según argumentó el fiscal Alejandro Alagia, March por esos días, "suscribió el documento conociendo las circunstancias" del deceso y actuó con "indiferencia" frente a lo que sabía que podía ocurrir si se conocía que la mujer había sido asesinada.
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Cambio de época
La emisión del certificado de defunción de María Marta García Belsunce fue un hito en la elaboración de esos documentos en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires.
Un año después del hecho, se lanzaron nuevos formularios y normas de confección, y todos los médicos bonaerenses y capitalinos que debían emitir a partir de diciembre de 2003 certificados tuvieron que reempadronarse para no tener que refrendar su firma.
Además, según informó el diario Ámbito Financiero, cerca de 1.500 defunciones fueron investigadas en la Capital Federal, por la intervención de March y Casa Sierra y ese tipo de "modus operandi".
AB/FF
