Desalojan a familias diaguitas en Salta

Unas cinco familias Diaguitas de la comunidad Las Pailas, en Salta, denunciaron que fueron desalojadas de sus casas en la localidad de Cachi y que sus viviendas fueron destruidas por la Policía que intervino en el operativo. Mientras tanto, la jueza que interviene en la causa justificó la medida asegurando que los desalojados no son aborígenes y desató la polémica.

El hecho ocurrió el 17 de diciembre último, cuando efectivos policías desalojaron a las familias de las tierras en las que se encontraban viviendo por orden del juzgado correccional y de garantías Nro 8 a cargo de la Jueza Mónica Graciela Faber, por el pedido de un particular de apellido Robles que asegura ser el dueño del predio, informó la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita a través de un comunicado, en el que responsabiliza al gobierno de Salta "por la inoperancia de sus órganos facultados para dar respuestas concretas de políticas públicas para los pueblos indígenas", informó Indymedia.

"Estos hechos constituyen una violación flagrante a nuestros derechos territoriales como pueblos originarios, consagrados en la Constitución Nacional Art. 75. Inc. 17. Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), Declaración Universal de los Derechos Pueblos indígenas de la O.N.U., Derechos Consuetudinarios como Pueblos preexistentes. Desconociendo la ley 26160 y 26554 que suspende todos los desalojos en los Territorios Indígenas y previendo un relevamiento territorial de los territorios de los Pueblos y sus comunidades", denunciaron en el comunicado.

Según la denuncia de las familias desalojadas, la Policía usó máquinas y tractores "para tirar abajo las viviendas y destruir el sembrado". Además, aseguran, cargaron sus pertenencias en camiones y se las llevaron.

En tanto, el abogado de los afectados, Gustavo Miranda, recusó a la jueza Faber por no cumplir con la legislación en materia de resguardo de los territorios indígenas, pero la magistrada rechazó la recusación alegando que las personas involucradas no son aborígenes arraigados en el lugar desde tiempos inmemoriales, informaron medios locales.

Según la jueza, la Ley que permite la adjudicación de tierras a indígenas indica que la comunidad debe tener personería jurídica, que las tierras donde se encuentran deben ser fiscales del Estado nacional, provincial o municipal y que, en caso de tratarse de tierras privadas, tienen que estar expropiadas. "“Nada de ello fue probado en el expediente que se tramitó en el Juzgado", aseguró la magistrada, según radio Martín Grande. Y detalló: "las personas desalojadas no figuran en los registros del Instituto Nacional de Indígenas o del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta como miembros de la comunidad que invocan pertenecer".

Por su parte, varias organizaciones de pueblos originarios de Salta, entre ellas la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, emitieron un comunicado conjunto para repudiar lo acontecido. "Este nuevo hecho de violencia debe ser motivo de un análisis político verdadero y con miras a dar respuestas a las históricas demandas de los pueblos originarios, esperemos que las autoridades nacionales estén a la altura de la situación histórica y política en el marco de Sud América donde es hora que la demandas y planteos de participación, restitución, reparación, real y efectiva se cumplan como también deben cumplirse las leyes nacionales existentes y en vigencia", destacaron.

Recordaron además que desde 2009 "más de treinta organizaciones de 28 pueblos vienen proponiendo al Estado una mesa de diálogo política constructiva en el marco de una nueva relación desde el Estado para con los pueblos preexistentes al pueblo argentino". 

En los últimos meses hubo varias denuncias por el avasallamiento de los derechos indígenas y que pusieron en jaque el discurso de Derechos Humanos de la presidenta Cristina Fernández. La que más repercusión tuvo a nivel nacional fue el violento desalojo a la comunidad Qom (toba) La Primavera de Formosa, que terminó con la muerte de un aborigen.