Patricio Barros Cisneros tenía 26 años cuando un grupo de efectivos de la Unidad 46 de San Martín, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo asesinó a golpes e inventó una historia insostenible sobre sus últimas horas: fuera de sí, según esa versión, Patricio se había suicidado golpeándose la cabeza contra las rejas.
El asesinato, que ocurrió el 28 de enero de este año, puso al descubierto una vez más una problemática de fondo en el SPB: aquella que denuncia, con razón, que las cárceles son meros depósitos de presos en condiciones inhumanas.
La mañana del 28 de enero Patricio Barros Cisneros reclamó un espacio techado para recibir la visita de su mujer, Gisela González, embarazada de cuatro meses. Al pedido, que fue inmediatamente denegado, le siguió el horror. Uno de los detenidos escuchó los gritos de Patricio: "Pará, pará...no me pegues".
Se sospecha que entre seis y diez efectivos de la Unidad 46 lo molieron a golpes en una especie de sesión de tortura, presenciada por su mujer y los propios detenidos: "Con las manos esposadas en la espalda, el agente Benítez tomó del cuello con ambas manos al detenido a modo de estrangulamiento (...) Al mismo tiempo, otro guarda cárcel de apellido Luna le dio varios puntapiés en el tórax (...) También lo vio saltar sobre el interno entre dos y tres veces con ambos pies. Además, vio al oficial Chaparro aplicarle bofetada y golpes de puño en la cara, aunque no puede precisar cuántas veces lo golpeó", dice uno de los testimonios incluidos en el expediente.
Héctor Mario, Rodrigo Chaparro, Gerardo Luna y César Benítez, cuatro de los policías señalados de haber torturado hasta la muerte a Barros Cisneros, se fugaron en el momento mismo en que se ordenó su detención, dos semanas después del ataque. Al entregarse a la Justicia el 12 de agosto pasado, Mario descargó toda la responsabilidad en sus compañeros sin negar la brutal golpiza.
Tres detenidos, testigos de los golpes, fueron obligados a firmar un parte del Servicio Penitenciario donde se refuerza la hipótesis de los policías: "Eran tres internos que tenían una amistad con el SPB y avalaban esta versión. Después de que nosotros hicimos la visita, recorrimos el penal; estos tres internos brindan su testimonio en fiscalía luego de que se les asegurara que no van a volver a esa Unidad. Es decir, estos tres internos estaban presionados para declarar a favor de ellos, y cuando tuvieron la oportunidad de irse de la custodia de los penitenciarios, declararon lo que realmente había sucedido", cuenta Mariano Lanziano, abogado del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que representa a la familia en la causa.
La autopsia arrojó: "Muerte producida por mecanismo violento". El cuerpo de Patricio presentaba más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, "compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque". Con excepción de Horacio Verbitsky a través de sus columnas en Página/12, el caso tuvo poca cobertura en los medios.
En el informe 2012 sobre el estado de los derechos humanos en Argentina, el CELS cita números del Banco de datos sobre torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Defensoría de Casación Penal bonaerense: sólo en el trimestre de junio a agosto de 2011 se registraron 155 casos de tortura y malos tratos, de los cuales el 57,5% no fueron denunciados penalmente. De estos casos, según el informe, el 50% ocurrió en unidades penitenciarias; el 49%, en dependencias policiales, y el 1% en otras instituciones. De los no denunciados, el 83,2% de los casos sucedió en comisarías, mientras que el 16,8% se produjo en unidades penitenciarias.
La familia de Barros Cisneros se concentrará el próximo jueves 4 de octubre, a las 11 de la mañana, enfrente al Palacio de Tribunales de San Martín (R. Balbín 1753) a poco de cumplirse nueve meses del asesinato.
(*) De la redacción de Perfil.com.
