Una novedad en el tema de ética y salud. A través del Decreto 893/2025, el Gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Bioética. Esta tendrá la responsabilidad de evaluar los aspectos éticos implicados en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la salud. La iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado a los desafíos éticos, morales y legales generados por el progreso científico y tecnológico estableciendo criterios claros que contemplen a todas las miradas y que garanticen la protección de los sujetos de investigación y la integridad científica de los ensayos clínicos.
Organismo rector para temas de bioética
La nueva Comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional. Esto permitirá ordenar el actual escenario de actores intervinientes, caracterizado por su fragmentación, superposición de funciones y competencias poco definidas. Para ello, el decreto dispone la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998, pero que nunca estuvo plenamente operativa. También disuelve el Comité de Ética en Investigación y el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud. Las funciones de ambos organismos serán absorbidas por la nueva Comisión, reforzando así su carácter articulador.
A fin de garantizar su funcionamiento efectivo, la nueva normativa establece que la Comisión deberá realizar, al menos, dos reuniones anuales. En ellas deberán trabajar sobre temas de interés detectados por la misma Comisión, por solicitud de particulares o dependencias de la Administración Pública o por situaciones emergentes que requieran un abordaje bioético.
Sus funciones principales serán asesorar al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado; establecer estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías; elaborar informes y recomendaciones; fortalecer el vínculo con comités provinciales; y promover espacios de capacitación, investigación y debate público en temas emergentes.
Quienes la integran
El organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Será presidido por el ministro de Salud de la Nación y conformado por seis miembros titulares y tres suplentes que deberán ser especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía.
La Comisión podrá convocar a instituciones académicas o profesionales para el análisis de temas específicos.
Todos desempeñarán sus funciones ad honorem. El Ministerio será responsable de designar a sus integrantes mediante un proceso público y transparente, dictar el reglamento interno y disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento.
El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, que estará integrado por representantes provinciales, y se encargará de acreditar a los comités jurisdiccionales, consensuar criterios, recopilar experiencias territoriales y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Se busca garantizar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y coherencia en la adopción y aplicación de estándares internacionales. La creación de un organismo con competencias precisas, legitimidad institucional y funcionamiento efectivo, permitirá establecer lineamientos claros para el desarrollo de tecnología aplicada a la salud, la investigación científica y la resolución de los eventuales problemas éticos que pueda enfrentar la legislación sanitaria y el ejercicio profesional.
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