A más de una década de la sanción de la Ley 26.742 de Muerte Digna, el debate sobre el derecho a decidir cómo morir vuelve a instalarse en la agenda pública, impulsado por el contraste entre un amplio consenso social y las dificultades políticas y sanitarias para avanzar en su implementación o ampliación hacia la eutanasia.
“Creo profundamente en la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre la dignidad de su muerte. Nadie puede obligar a otro a sufrir”, sostuvo la exdiputada Mara Brawer, al referirse a un tema que, según remarcó, cuenta con respaldo mayoritario en la sociedad argentina. Diversos estudios académicos de instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés y el Conicet coinciden en señalar ese acompañamiento, incluso en sectores religiosos.
Sin embargo, ese consenso social no logra traducirse en decisiones políticas concretas. Brawer describió un escenario en el que el tema no enfrenta un rechazo explícito, pero sí una resistencia implícita vinculada a la agenda legislativa. “En el Congreso nadie se oponía, a todo el mundo le parecía algo razonable. Pero sentí la imposibilidad política de que el tema entre en agenda”, explicó la exdiputada nacional del FPV, autora del proyecto de ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida. Según su mirada, se trata de debates complejos que incomodan y que muchas veces son desplazados por otras prioridades coyunturales.
Respecto a su iniciativa parlamentaria, el proyecto contó con el aporte de investigadores del Conicet que integraban la Red de Cuidados y con quienes Brawer trabajó la temática desde diversas disciplinas científicas
En paralelo, desde el campo de la bioética, el médico emergentólogo y magíster Carlos Soriano advierte que incluso el marco legal vigente es insuficientemente aplicado. La Ley de Muerte Digna permite a pacientes con enfermedades terminales o incurables rechazar tratamientos que prolonguen la agonía, incluyendo la hidratación y alimentación artificial. No obstante, en la práctica, su cumplimiento es irregular.
“Recibo dos o tres consultas semanales sobre muerte digna, no sobre eutanasia”, señaló Soriano en declaraciones radiales, que consigno Perfil.com Según describió, las situaciones familiares suelen derivar en dilaciones que prolongan el sufrimiento del paciente. “Ese ‘esperemos un poco más’, en una persona con una enfermedad insoportable, pueden ser años”, explicó.
Para el especialista, el problema central radica en la falta de información tanto en la población como en el propio sistema de salud. “Mientras usted y yo hablamos sigue muriendo gente que durante años solicitó muerte digna, porque a pesar de tener una ley, no la conocemos”, advirtió el médico durante la entrevista.
El eje del debate, según explicó Soriano, es la autonomía individual. “¿Quién determina la dignidad de un ser humano? Es el propio ser humano. Si estoy en mis cabales y dentro de la legalidad, nadie puede discutir qué es digno para mí”, planteó. En ese sentido, comparó la situación con decisiones médicas que deben respetar creencias personales, como ocurre con los testigos de Jehová que rechazan transfusiones de sangre.
La discusión sobre la eutanasia, sin embargo, abre un plano más profundo. A diferencia de la muerte digna –que implica dejar de intervenir médicamente– la eutanasia activa supone una acción directa para provocar la muerte en condiciones controladas. En Argentina, esta práctica no está legalizada, aunque existen múltiples proyectos presentados en el Congreso, entre ellos el denominado “Ley Alfonso”, impulsado en Córdoba por el propio Soriano junto a un paciente que padecía una enfermedad grave.
El caso expuso crudamente los límites del marco legal actual. “La alternativa era retirarle la alimentación y que muriera en 15 o 20 días. Con un animal no hacemos eso”, recordó el médico, en una comparación que busca interpelar la ética social y jurídica.
El debate, coinciden Brawer y Soriano desde distintos enfoques, no es solo médico ni legislativo, sino cultural. Hablar de la muerte sigue siendo un tema incómodo, difícil de instalar en la conversación pública. Sin embargo, la creciente visibilidad de casos concretos y el respaldo social parecen empujar lentamente una discusión que, para muchos, ya no puede postergarse.
En ese contexto, la pregunta de fondo persiste: si existe acuerdo social y herramientas legales, ¿por qué aún se prolonga el sufrimiento de quienes buscan decidir sobre el final de su vida? La respuesta, por ahora, parece ubicarse en la distancia entre la norma, la política y la práctica cotidiana.
Fin de vida y derechos
Uno de los debates que se llevó a cabo en torno a la eutanasia involucró a especialistas de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida del Conicet y representantes de la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso, representados por Mara Brawer.
El encuentro se realizó en 2023, en el marco de las actividades de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, y se reflexionó sobre los derechos y decisiones de las personas en el final de la vida, en el caso de enfermedades graves e irreversibles.
El objetivo del encuentro fue poner en debate desde las diversas perspectivas y disciplinas implicadas la opción por derecho de la eutanasia y así garantizar el acceso a la muerte voluntaria médicamente asistida. Durante la apertura del evento Brawer aseguró: “Sabemos que es un tema complejo, que existen tabúes, pero es necesario que la Argentina avance en la consagración del derecho sobre la interrupción de la vida cuando el sufrimiento es irreversible”. Además hizo énfasis en que la sociedad ya está lista para enfrentar este debate y la administración pública está dispuesta a hacer el acompañamiento porque ya hay experiencia en otras temáticas.
