Falta de mérito para Giacomino

El ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) Roberto Giacomino, acusado de corrupción y negociados en benficio propio mientras era titular de la fuerza, en el 2003, por la fue favorecido con una falta de merito ordenada por el juez Federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, a cargo de la investigación.

El magistrado determinó que, por ahora, no existen pruebas suficientes para sobreseerlo o procesarlo. No obstante, parte de la cúpula que acompañaba a Giacomino en la fuerza e integrantes de su propia familia quedaron procesados por una variedad de delitos que van desde el peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las razones que la Justicia esgrimió para dictar la falta de mérito contra el ex jefe de la Policía Federal fueron que aún no estableció si el imputado daba las órdenes para que las acciones ilícitas se llevaran adelante.

“Queda por acreditar si Giacomino se ha interesado o si ha dado una orden en concreto a sus subalternos, con el objeto que se otorgue las contrataciones irregulares que generaron”, sostuvo el juez en la resolución al que tuvo acceso la agencia DyN.

Asimismo, Aráoz de Lamadrid, manifiesta que “a simple vista”, los pasos técnicos anteriores a la firma de sus resoluciones, sean contables o jurídicos, resultaban ser aparentemente correctos”.

En octubre de 2003 Giacomino fue desplazado de la jefatura de la fuerza por orden del Gobierno, luego de que se develara que, dos días antes de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente, la Policía Federal llevó adelante una serie de contrataciones irregulares con empresas sin experiencia ligadas a familiares o amigos del propio oficial policial.

Entre las operaciones cuestionadas por el juez Aráoz de Lamadrid están las vinculadas a la informatización de la obra social de la Policía Federal Argentina y a la informatización y refacción del hospital policial Churruca Visca.

Después de más de tres años de investigación, la Justicia determinó que hubo contrataciones "totalmente desfavorables para la Policía Federal", porque "se cometieron dos errores fundamentales: se eligió, de las opciones disponibles compra o alquiler, la más cara" y porque sin "una búsqueda adecuada de proveedores, se terminó contratando una solución muy cara a una empresa sin antecedentes".

Para el juez existió "un plan consistente en crear y manejar un grupo de sociedades anónimas, a fin de presentarse y obtener, con la ayuda y anuencia de algunos funcionarios públicos, licitaciones y contrataciones directas con la Superintendencia de Bienestar de la PFA, para lo cual se valieron de toda clase de maniobras engañosas".

Así, el juez procesó al concuñado de Giacomino, Vicente José Capizzi y dueño de una de las empresas cuestionadas, y al ex jefe de Bienestar Social de la Policía Raúl Marcelo Pigretti, por los delitos de "defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y falsificación ideológica de documento público".

Los procesamientos recayeron también en Alfredo Oscar Ursaia, jefe del Departamento Económico y Financiero de la fuerza, y Daniel Adolfo Rodríguez, quien era jefe de la División Contaduría.

También fueron considerados supuestos coautores de esos delitos Eduardo Augusto Bevivino, Américo Di Blasio y Diego Armayor, vinculados a las empresas contratadas, mientras que Ana María y Marcelo Capizzi fueron señalados como "partícipes secundarios" de las maniobras.

No obstante, el juez no encontró pruebas para adjudicarle a Giacomino la responsabilidad directa en esas maniobras y ordenó continuar con la investigación, a través de una serie de pesquisas y careos que ya ordenó.

La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, subrayó que la medida de falta de mérito sobre Giacomino "es sólo provisoria". La falta de mérito, en tanto, también alcanzó a otros 12 coimputados, entre ellos Osvaldo Francisco, Víctor Hugo Condinazo, Francisco José Tulio, Osvaldo Sotomayor y Roberto Pérez, que formarían parte del Consejo de Administración de la fuerza, según la resolución.