Los contadores le reclamaron al Consejo de la Magistratura que dé marcha atrás con dos resoluciones que le quitan a los profesionales de ciencias económicas los derechos que tenían como auxiliares de la Justicia para otorgárselos a los abogados.
Así se desprende de la advertencia lanzada contra el Consejo de la Magistratura por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una solicitada publicada en las últimas horas en los principales diarios del país.
La puesta en práctica de estas resoluciones podría desatar una guerra legal entre los contadores y los abogados, ya que los primeros consideran que se les ha arrebatado una facultad y un derecho adquirido durante años, para beneficiar a los letrados.
Las resoluciones en cuestión (la 528/05 y la 1/06) crean el Registro de Auxiliares, "desconociendo derechos constitucionales y normas legales" existentes, señalan los contadores, quienes consideran que estas medidas "limitan sensiblemente la actuación de los profesionales en ciencias económicas en áreas que son de su incuestionable incumbencia".
"Llevaremos a cabo todas las acciones y medidas conducentes para lograr la suspensión de un 'Reglamento de Abogados Auxiliares de la Justicia', aprobado unilateralmente con la sola participación activa del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prescindiendo de toda colaboración de nuestro Consejo Profesional que ni siquiera fue notificado del dictado de aquellas resoluciones", advierten los hombres de ciencias económicas.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires es la entidad profesional que cuenta con más matriculados de la Argentina (cerca de 60 mil) y es considerada una de las canteras que abastece a los distintos gobiernos de funcionarios, fundamentalmente en materia tributaria.
En la solicitada -que firman el presidente y el secretario del Consejo de Ciencias Económicas, Humberto Gussoni y Guillermo Fernández, respectivamente- los contadores señalan que aspiran a "generar una conciencia pública sobre las nefastas consecuencias de tan arbitraria decisión", instrumentada por las resoluciones del Consejo de la Magistratura.
Estas medidas, apuntan, "no sólo afecta a nuestros matriculados, sino también a toda la población y al funcionamiento eficiente del Poder Judicial, porque desconoce que para ejercer las funciones de Administrador, Interventor, Partidor y Veedor, en muchos casos, se requiere la idoneidad de un profesional en Ciencias Económicas".
Hasta ahora, la entidad que agrupa a los contadores, actuarios y otros profesionales de las ciencias económicas ha reunido más de 10 mil firmas en un petitorio que rechaza las resoluciones del Consejo de la Magistratura, el cual sería elevado ante la Justicia para que deje sin efecto las medidas.
No obstante la entidad aclara que "apela a la reflexión y la sensatez" e "invita a los miembros del Consejo de la Magistratura para que dejen sin efecto el Reglamento instituido y procedan a sustituirlo por otro que, en un marco de razonable pluralismo, se elabore con la participación de nuestra institución y de las restantes entidades que agrupan a profesionales cuyas incumbencias así lo justifiquen".
Fuente: DYN