El 1º de septiembre pasado el Colegio Nacional de Quilmes recibió un llamado que despertó el alerta: se avisaba que había una bomba en el establecimiento. Personal policial y bomberos de la zona se acercaron al colegio ubicado en Sarmiento y Conesa para desalojarlo, resguardar a los alumnos de la institución y revisar el lugar. Era una falsa alarma.
En el último mes se registraron alrededor de dos mil llamadas de este tipo en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Lo llamativo en este caso es que el imputado por el hecho no es un alumno, sino un docente de la institución.
Efectivos policiales allanaron el domicilio del profesor Mario Alberto Jiménez de 54 años porque la Justicia cree que desde allí se realizó la supuesta llamada. Le secuestraron seis celulares y un arma y se le informó que quedaba imputado por la amenaza y por tenencia ilegal de arma de fuego. “Todo esto es totalmente mentira. Me culpan porque soy peronista”, se defendió el maestro.
Ayer la Dirección General de Escuelas le envió una notificación en la que le informan que “por la gravedad de los hechos” se le realiza un “relevo transitorio a los efectos de medida preventiva”. Por lo que Jiménez no podrá dar clases, por el momento, en las 13 escuelas donde es docente.
El caso. La Justicia comenzó a investigar el llamado en el Nacional de Quilmes y la línea que se habría utilizado para efectuarlo. Después de un mes, la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Quilmes, Karina Gallo, solicitó que se allane un domicilio en Roque Saenz Peña al 600 en la misma localidad.
Allí vive el docente Jiménez, su sobrino que también va a la institución educativa, su hermano y su madre. El jueves pasado a las 17.30, efectivos de la DDI de Quilmes llevaron adelante el procedimiento.
La fiscal le solicitó a los efectivos policiales que detallen los teléfonos celulares y de línea que había en la propiedad y los identifiquen con sus propietarios. Al mismo tiempo, al docente se le informó que quedaba imputado bajo la carátula de “intimidación pública y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”. La fuerza policial informó que el docente quedó aprehendido y que se secuestraron “seis celulares”.
Jiménez dio su versión de los hechos y explicó que “nunca quedó detenido” y que los policías fueron a su domicilio “buscando a su sobrino, que es alumno del Nacional de Quilmes y que vive en la casa de adelante”, y remarcó que durante el procedimiento “nos pidieron los celulares, se fueron y nos saludamos”.
“Es totalmente mentira. Soy hipertenso y esto me hizo muy mal”, sentenció el maestro. Jiménez dicta clases de economía y fue consejero escolar por eso él relaciona el allanamiento en su casa por su ideología política contraria al gobierno actual. “Una amenaza de bomba no es una broma, la defensa de la escuela pública no se hace de esta forma. Parece que soy culpable por tener una remera de Cristina y Néstor en el Facebook. Amo esa remera, amo ser peronista, pero no soy culpable de nada. Parece que el gobierno actual quiere que quede como el docente que hace llamadas de amenazas de bomba en escuelas”, sostuvo en diálogo con PERFIL.
También reconoció que se llevaron de su domicilio un revólver calibre 32 largo, pero aseguró que “es viejo, nunca se usó y está registrado”. Según informaron fuentes del caso a este diario, que en la casa del docente no se encontró la documentación correspondiente al uso reglamentario del arma. Jiménez sostuvo que el revólver “es legal” y que la documentación la tenía en la casa de su suegra. Los efectivos policiales pudieron comprobar que no existe un pedido de secuestro de esa arma.
Más de 2 mil en un mes
Entre el 1º de septiembre y el 4 de este mes, las escuelas de la provincia de Buenos Aires recibieron 2.400 llamados alertando por presencias de bombas y explosivos. Sólo una de ellas, en una escuela de Adrogué –en la que se secuestró una granada– resultó comprobada.
Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, “ya se han realizado operativos conjuntos entre la Justicia” y las fuerzas provinciales, donde se realizaron además detenciones y allanamientos.
Ante cada amenaza, explicaron, “se desplaza toda una logística que implica a la Brigada de Explosivos, fuerzas policiales, bomberos y personal de Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y cerrar la zona con cuadrículas”. Por ello, “un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión”, y los llamados se pueden rastrear “fácilmente”.
