La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció hoy que muchos jueces, fiscales y defensores oficiales "aceptan los sistemáticos malos tratos a los que son sometidos los presos" en las cárceles de todo el país.
"Castigos arbitrarios; aislamiento como método de debilitar la resistencia personal; hacinamiento para denigrar a la persona humana; corrupción de los agentes penitenciarios; aplicación de distintos tipos de torturas, golpes y diversas privaciones y amenazas", enumeró el organismo humanitario.
En un comunicado, la LADH también señaló "las requisas, las largas horas que deben padecer durante los transportes desde las unidades carcelarias a los distintos tribunales, muchas veces expuestos a altas temperaturas, sin alimentos y con dificultades para ir al baño".
"La realidad de las cárceles es una consecuencia directa de la tolerancia y/o complicidad de los magistrados" indicó la entidad y remarcó que hay una " casi total desatención de los jueces a la acuciante situación a la que se ve expuesta la población carcelaria".
El organismo humanitario consideró que la reciente postura de la Defensoría General negando que haya malos tratos en las cárceles "resultan un intento de justificación de las acciones y omisiones de jueces, fiscales y defensores oficiales".
"Si bien cabe aclarar que existen varios defensores oficiales que se han comprometido con el padecimiento de las personas privadas de libertad, ello no se ha plasmado como política institucional" agregó.
Y en cuanto a los fiscales subrayó que " no promueven las investigaciones necesarias y en muchos casos ven las denuncias como excusas para lograr ventajas a favor de los presos".
Para la LADH "merece crédito" el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el que se denunciaba que casi todos los presos habrían sufrido “alguna clase de tortura o trato vejatorio. E instó a "las autoridades nacionales que se hagan eco de la situación carcelaria, para revertirla y no para ocultarla".
Finalmente, consideró que "una muestra de lo que es la política estatal" en materia penitenciaria es que "el fiscal de ejecución penal sea Oscar Hermelo, que tuvo participación en el campo de exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)".
Ahora Hermelo ocupa la fiscalía que interviene en las excarcelaciones de los presos condenados, más otras cuestiones del ámbito penitenciario federal, y ha sido denunciado porque presuntamente actuó en el centro clandestino de detención de la ESMA durante la última dictadura.
Fuente: DyN