Las cifras de 2026 son alarmantes: las mujeres constituyen el 64,2% del sector con menores ingresos en Argentina. La brecha salarial parece haberse estancado en un 27%, aunque en el ámbito del trabajo informal de trabajo, la disparidad asciende al 40%. El impacto del plan económico actual ha recaído con fuerza sobre los hogares liderados por mujeres.
Así, la creciente feminización de la pobreza evidencia que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcional, representando cerca del 64% de la población de menores ingresos en el país. De esta manera, responde, en gran medida, a desigualdades estructurales en el mercado laboral: una brecha salarial que ronda el 20%, condiciones de empleo más informales y una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado.
De acuerdo a datos de ONU Mujeres, la brecha salarial se mide como el porcentaje resultante de dividir la diferencia entre los ingresos promedio de hombres y mujeres por el salario promedio masculino. Pero las desigualdades no se limitan solo a los salarios; también abarcan la participación general en el mercado laboral. Actualmente, la tasa de actividad femenina es del 52,6%, considerablemente menor al 70,1% registrado entre los hombres.
También, las mujeres presentan mayores índices de desocupación: su tasa es del 7,4% frente al 5,9% de los varones, constituyendo una diferencia significativa de 1,5 puntos porcentuales. En cuanto a la informalidad laboral, el panorama tampoco mejora: el 38% de las mujeres se encuentra en esta categoría laboral precaria, frente al 35,5% de los hombres. Esto aumenta las desigualdades en términos de estabilidad laboral, acceso a derechos y protección social.
Un factor esencial que perpetúa estas brechas es la carga desigual del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado. Los únicos datos dan a conocer que las mujeres dedican un promedio de tres horas más por día que los hombres a este tipo de labores, lo cual limita severamente su desarrollo y participación plena en el mercado laboral.
También se evidencian disparidades en la distribución de la riqueza: mientras la pobreza tiene rostro femenino, la riqueza sigue concentrada entre los hombres, quienes representan el 63% de la población con mayores ingresos.
El sistema tributario refleja esta desigualdad. Solo el 32,8% de quienes tributan por Bienes Personales son mujeres; en cuanto al Impuesto a las Ganancias, este porcentaje alcanza apenas el 30%. Además, los patrimonios e ingresos femeninos suelen ser notoriamente menores que los masculinos, lo que deja al descubierto una desigualdad patrimonial.
Hechos alarmantes
El año 2025 finalizó con un saldo trágico: se contabilizaron 266 femicidios, lo que significa que cada 34 horas una mujer fue asesinada por razones asociadas a su género. En este contexto alarmante, propuestas como la penalización de "falsas denuncias”, que impulsa la senadora santafesina Carolina Losada, se interpretan como un dispositivo para silenciar a quienes piden ayuda antes siquiera de llegar al ámbito judicial.
Una encuesta realizada por Zuban Córdoba expuso que el 45,5% de los consultados percibe un aumento en la violencia contra las mujeres desde la llegada al poder del gobierno encabezado por Javier Milei. De manera similar, un 45,8% considera que también ha crecido la violencia hacia personas pertenecientes a la comunidad LGTB+.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) analizó los datos vinculados al distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Allí destacó que el promedio de edad de las víctimas de femicidios es de 44 años. También que 9 de los 10 crímenes, la víctima y el agresor mantenían un vínculo previo, principalmente de pareja o familiar.
En 5 de esos casos, la mujer convivía con el hombre.
Retrocesos significativos
El desmantelamiento total del Ministerio de Mujeres y la pérdida del rango institucional de las áreas especializadas en género en casi todas las provincias refieren el retroceso más palpable en esta materia. Actualmente, el presupuesto destinado a programas de protección para víctimas de violencia de género disminuyó drásticamente: en términos reales sufrió un recorte del 86,5% respecto a 2023.
Más del 90% del financiamiento original estaba dirigido a iniciativas esenciales como Acompañar —de apoyo económico y psicosocial para víctimas— y la Línea 144: un servicio atendido las 24 horas para brindar asesoramiento y ayuda.
El Presupuesto 2026 consolida el proceso de desmantelamiento de políticas públicas con enfoque de género que comenzó en 2024. De cada 10 programas diseñados para reducir las brechas de género, 7 han sido recortados.
Entre las medidas más perjudiciales aparece el desfinanciamiento del sector docente, donde las mujeres son el 73,1% del total del personal, y el veto a la ampliación de la moratoria previsional.
Esta decisión implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, viéndose limitadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación equivale al 80% del haber mínimo y exige tener 65 años, cinco más que la edad requerida para la jubilación ordinaria femenina.
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