Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, estuvieron un puñado de horas en la Casa Rosada el martes por la tarde. ¿El motivo? Afinar la nueva versión del plan motosierra con relevantes funcionarios libertarios. Con una economía que tiene flancos abiertos, gracias a despidos y un salario que no logra recuperar poder adquisitivo de acuerdo a diversas consultoras, el Gobierno apostará a retomar una agenda que le sienta cómoda. Es aquella que ataca al empleado público y que explica por qué es necesario motorizar más recortes. Una manera de mitigar la crisis.
“Si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”, le dijo a PERFIL un funcionario de diálogo constante con Sturzenegger para justificar los nuevos recortes. Esta etapa se concentrará en reducir la planta del personal de varios organismos descentralizados y diversas áreas, que el año pasado el oficialismo quiso dinamitar pero el Congreso, derogando decretos como el 462/2025, y la Justicia federal, se lo impidieron. Y, paralelamente, continuar el desfinanciamiento para que no tengan funcionamiento.
Los organismos que están en la mira libertaria son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Aduana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La Dirección Nacional de Vialidad también ingresa en esta nómina.
Para vaciarlos, la gestión de Javier Milei desde el 27 de febrero ordenó un proceso de retiros voluntarios con una serie de condiciones factibles. “Es una herramienta muy útil y efectiva”, dice un funcionario que monitorea la velocidad de la motosierra.
En el caso del INTA, alcanza al personal permanente “con un mínimo de tres años de antigüedad en calidad de agente de planta permanente del INTA y una edad menor a los 65 años al 31 de marzo de 2026”, dice la resolución. El texto también indica que la indemnización será determinada “a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses”.
Con esta disposición, la administración libertaria se entusiasma con que al menos haya 1000 empleados menos en un corto plazo de tiempo en cada lugar al que apuestan disminuir. Así lo expresó ante este medio Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-INTA e integrante de la Coordinación Nacional del sindicato: “La cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”.
“En este contexto de semejante crisis económica y con el agravante de la reforma laboral, la amenaza contundente es no cumplir con sus expectativas y agarrar la motosierra provocando despidos masivos. El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”, denunció.
El otro vértice de la estrategia pasa por disminuir fondos, como sucede en la Vialidad, cuyos trabajadores tienen los salarios congelados desde octubre de 2024. Es más: no hay negociación posible pese a que la Justicia ordenó que se diagrame una mesa de diálogo. “Pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio que representa al personal y cuya jefa es Graciela Aleña.
Ante esta situación, Aleña lanzó duras críticas al retirado accionar de la DNV para obstruir el procedimiento de negociación colectiva. “Someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese al proceso inflacionario descontrolado que en estos dieciséis meses alcanza al 50%, con el sólo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”, lamentó.
