A tres semanas de que la sobrina segunda del ex gobernador y actual senador nacional en uso de licencia, José Alperovich, lo denunciara por una serie de abusos sexuales que se habrían prolongado durante un año y medio, la causa parece estancada, ya que tanto la Justicia tucumana como la porteña –donde habrían ocurrido los hechos– no se ponen de acuerdo en un aspecto tan básico como crucial: quién de los dos se queda con el expediente y comienza la investigación. Mientras tanto, la víctima aguarda con impaciencia, a la vez que su círculo íntimo ya empieza a temer por la feria judicial de enero, que dilataría todavía más los tiempos.
El juez tucumano Facundo Maggio se declaró ayer incompetente para investigar el caso tal como había hecho el miércoles su par de Buenos Aires Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, y donde había quedado radicada la denuncia. Ambos sostienen que el expediente debería unificarse, pero a la vez se excusan de llevar a cabo la pesquisa ya que aducen que sus juzgados no tienen la competencia para hacerlo. Ante eso, sería la Corte Suprema de Justicia la que decida, aunque todavía no hay una fecha estipulada.
Maggio fundamentó su resolución al tomar en cuenta los argumentos esgrimidos desde la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que con su fiscal titular como máxima exponente, Mariela Labozzetta, pretende que la causa quede en Capital. “Que (Labozzetta) diga que la competencia sea de Buenos Aires me parece una opinión calificada, que merece atención y no puede ser desatendida”, indicó.
Por su parte, Rappa no tomó la investigación bajo el pretexto de que los abusos habrían sido en Tucumán, y que tanto las partes involucradas como los testigos viven en esa provincia. Desde la UFEM le contaron a PERFIL que ya apelaron esta resolución.
Lo cierto es que unos y otros se pasan la responsabilidad y no faltan aquellos que advierten los riesgos de que la investigación se materialice en una jurisdicción influenciada por Alperovich, sumando a eso el perfil conservador de la Justicia tucumana.
En el medio de esta pelea judicial está la víctima, de 29 años y con custodia policial permanente por tiempo indefinido, quien relató primero ante los tribunales tucumanos y luego ante los porteños que fue abusada sexualmente en diferentes episodios ocurridos entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, mientras trabajaba como asistente de la campaña política de Alperovich, quien es primo de su padre.
“Ella está bien, fuerte y acompañada”, le contó a este diario su vocera, Milagro Mariona, y agregó: “Le genera ansiedad que aún no se defina, pero también entiende que es un caso de gran envergadura y estas dilaciones eran esperables”. En tanto, en un comunicado de prensa que difundió ayer, explicó que “desde el equipo técnico vemos con preocupación que la Justicia no defina con premura la competencia del caso para que el juzgado asignado se expida sobre la apertura de la investigación jurisdiccional requerida por el Ministerio Público Fiscal y resuelva los pedidos de la denunciante”.
En otro párrafo destaca: “Confiamos que prontamente el Tribunal superior tendrá la última palabra, con la inteligencia suficiente de entender que la multiplicidad de hechos sucedidos en jurisdicciones diferentes deben ser investigados sin dilación y con la mayor celeridad para el esclarecimiento de la verdad objetiva y contando con las actuaciones jurisdiccionales de ambos territorios en caso de ser necesario. Instamos a que la definición de competencia se concrete antes de la feria judicial”.
Por último, puntualizó que es el “Estado quien tiene la obligación inmediata de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres”.
