A doce días del inicio de la toma y con la finalidad de mostrar que no está entre sus planes dejar el lugar, los ocupantes del predio de Villa Lugano comenzaron a fabricar casillas con materiales más sólidos.
PERFIL recorrió el terreno y comprobó que las construcciones muestran cada vez mayor firmeza, de hecho algunos habitantes hasta planifican instalar casas premoldeadas en el asentamiento.
El Gobierno porteño, en tanto, presentó ayer el proyecto de remediación del suelo, que se encuentra contaminado. Ahora se espera que la Cámara de Apelaciones defina sobre el amparo presentado por los vecinos para evitar el desalojo.
Lejos de la tensión que vivieron hace una semana, cuando la Policía Metropolitana estuvo a punto de desalojarlos, los ocupantes del terreno lindero a la Villa 20 de Lugano comenzaron a aplicarles mejoras a sus casillas.
Algunas familias, en cambio, hasta analizan la posibilidad que les acercaron los mismos delegados: instalar casas prefrabricadas, puesto que no confían en que la Ciudad desarrolle en el corto plazo el plan de viviendas prometido hace varios años.
La idea, según sostienen los ocupantes, los blindaría ante la posibilidad de un desalojo o al menos, dificultaría la tarea de los efectivos de la Policía.
Mientras tanto, esperan que la Justicia les haga un guiño y les permita continuar en esas tierras mientras se desarrolle el plan de urbanización que debería encarar la Ciudad con fondos propios y de la Nación.
Premoldeadas. “Cuestan unos 30 mil pesos, tienen tres ambientes, cocina y baño”, describió uno de los delegados de la toma, Emanuel Ríos, sobre la vivienda que comprará.
Ramona Pérez es otra habitante del lugar que seguirá esos pasos. “Nos dijeron que podemos pagarla en cuotas de 1.500 pesos, lo mismo que vale un alquiler sin baño ni cocina adentro de la villa”, comentó esperanzada a PERFIL.
Otro vecino de la toma, Luis Caro, comenzó la construcción de su casilla con maderas. “La idea es terminar de construir un cuarto amplio durante la semana, uno más chico y el baño”, explicó. “Pago mil pesos de alquiler, si eso lo invierto en comprar materiales, el día de mañana voy a poder tener una casa de ladrillo propia”, agregó.
Con un censo interno, los vecinos buscan definir cuántas personas hay en la toma y qué edades tienen. Además, realizarán una nueva división de los lotes, que quedarán de 72 metros cuadrados cada uno.
“Si el Gobierno no urbaniza, queremos hacerlo nosotros. Vamos a hacer el trazado de las calles, diseñar un espacio que funcione como comedor y una sala de primeros auxilios que funcione todo el día”, contó el delegado Ríos a PERFIL. Antes de la definición judicial firme, los vecinos ya bautizaron el barrio en gestación: se llama Papa Francisco.
En tanto, la Ciudad le presentó ayer a la jueza en lo contencioso administrativo, Elena Liberatori, el “proyecto de remediación” del suelo, que se encuentra contaminado con plomo y otros metales tóxicos, producto de los desechos generados por el cementerio de autos que funcionó en ese terreno hasta hace tres años.
El Gobierno porteño informó que realizar el saneamiento demorará al menos un año, ya que, además de la limpieza, deberán construir cloacas y conductos para evitar una nueva contaminación.
Además, el GCBA tiene tiempo hasta el próximo viernes para presentarle a Liberatori el plan de urbanización de la villa, tal como lo establece la Ley 1.770. Sin embargo, desde la comuna aseguraron que hasta no descontaminar el predio, no podrán avanzar con la urbanización.
La intención de los ocupantes es que el saneamiento del terreno se realice por partes y con ellos dentro del predio, “como garantía de cumplimiento de la política de urbanización”, explicaron en un petitorio que elevaron a la Ciudad esta semana.
Allí, además, exigen que el Gobierno porteño les otorgue líneas de crédito.
