Mientras se demora el desalojo del predio ocupado en Lugano y la oposición busca en el ámbito legislativo una “salida política”, en las tres hectáres de avenida Fernández de la Cruz y Pola, los habitantes avanzan con las construcciones de casas y casillas cada vez menos precarias pese al operativo que montó en el lugar la Policía Metropolitana para impedir el ingreso de materiales al asentamiento.
Cuando hace 26 días se produjo la toma del predio lindero a la Villa 20, la mayoría de los ocupantes se refugiaba bajo un nylon y con frazadas o manteles. Sólo unos pocos habían conseguido chapas y maderas. Casi un mes después, el panorama cambió por completo: ya se ven construcciones con ladrillos, pisos de cemento y casillas más prolijas y más resistentes.
Si bien esta semana la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional ratificó el fallo de la jueza Gabriela López Iñíguez, que ordenó a la Ciudad el desalojo del predio, los habitantes del asentamiento Papa Francisco –así decidieron llamarlo hace dos semanas– continúan esperanzados en quedarse.
Pese a la presencia permanente de una decena de efectivos de la Policía Metropolitana y a los patrullajes constantes en los alrededores, los okupas burlan los controles e ingresan materiales de construcción por los lindantes pasillos de la Villa 20.
“El cemento lo preparamos en el pasillo de la villa y lo entramos con baldes”, contó a PERFIL Luis Caro, uno de los habitantes, que ya tiene una casilla de dos ambientes que cuenta con conexión eléctrica, cocina a garrafa y televisión. A unos metros, Ariel Díaz levantó, de a poco, algunas columnas y las primeras paredes con ladrillos de lo que, dice, será su vivienda.
Desalojo. Luego de la confirmación de la Cámara, versiones legislativas porteñas indicaban que el desalojo podía producirse ayer. Sin embargo, al no estar dadas las condiciones operacionales, la jueza López Iñíguez decidió la creación de una mesa técnica interinstitucional de la que participarán todas las fuerzas a cargo del desalojo (Policía Metropolitana, Federal, Gendarmería y SAME) a fin de diseñar cómo se ejecutará la orden judicial para echar a las más de doscientas familias que ocupan el terreno.
Aunque no hay fecha exacta, en su fallo la jueza ordenó que sea en horario diurno, de 9 a 19, en condiciones climáticas normales y con presencia del SAME y personal de la Secretaría de Hábitat y Vivienda.
Desde la toma, los ocupantes ya anticiparon que, de producirse el desalojo, resistirán de manera pacífica. En tanto, en el ámbito legislativo la oposición busca una salida pacífica al problema. El jueves entregaron una carta a la magistrada donde le pidieron que no adopte medidas que impliquen “salidas no consensuadas o violentas, para permitir una solución política” al conflicto.
Además, el legislador Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y los Trabajadores) presentó un proyecto de urbanización de la Villa 20 y seguimiento de la Ley 1.770, sancionada en 2005, que ordena a la Ciudad un plan de viviendas para construir en el predio que hoy se encuentra usurpado
