La la Sala II de la Cámara Federal porteña reprendió ayer al juez federal Norberto Oyarbide por realizar una investigación "desordenada" y "con una metodología zigzagueante" en la causa de la llamada Mafia de los Medicamentos. En ese sentido, los camaristas ordenaron a Oyarbide que cite a declarar como imputado a Héctor Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento con prisión preventiva del gremialista bancario Juan José Zanola, de su mujer Paula Aballay y del empresario Néstor Lorenzo, acusados de asociación ilícita, además ratificó que sigan en prisión Susana Fiona, ex subdirectora de administrativa del POBA; de Carlos Torres, socio de Lorenzo en la droguería "San Javier", y de Miguel Cosme De Marco, ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT).
En cambio, si bien quedaron procesados, recuperaron su libertad Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, dueño de Pharma Group y una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez; Alberto Costa, ex secretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires; Roberto Loiácono, ex titular del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación; su hijo y empresario farmacéutico Fernando Loiácono y María Victoria Berisso, secretaria de Lorenzo, entre otros ex funcionario del POBA, de "San Javier" y dueños y socios de otras droguerías como "Del Plata".
En total entonces la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 25 personas y sólo desvinculó a Fabiana Attaguile, ex empleada de la obra social bancaria, a quien le dictó la falta de mérito. Los camaristas acreditaron que "existió un acuerdo de voluntades permanente tendiente a lucrar indebidamente con la comercialización de medicamentos" y que ello "resultó posible en razón de la actuación coordinada de diferentes estamentos: droguerías, farmacias, obras sociales, funcionarios públicos y entidades sin fines de lucro".
Así los jueces dieron por acreditado que hubo una asociación ilícita dedicada a la comercialización de remedios adulterados de la que Zanola sería el jefe, y el resto de los procesados que quedaron presos, sus organizadores. Para la Cámara, Zanola "desarrolló un rol preponderante, actuando y siendo reconocido por los restantes imputados como director de esa organización, habiéndose encargado no sólo del acuerdo inicial que dio forma al plan pergeñado, sino teniendo en todo momento la decisión final sobre todos y cada uno de los aspectos vinculados con la consecución de los fines propuestos".
En esa línea, "el acuerdo con la droguería San Javier contaba con la anuencia expresa de Juan José Zanola", en tanto que Aballay, directora del POBA, y Fiona "estaban en conocimiento y participaban de la provisión y/o suministro de medicamentos adulterados".
Todos ellos, junto con Lorenzo, quedaron procesados y presos por asociación ilícita, administración fraudulenta, venta de remedios adulterados y falsificación de marcas. Pero Aballay fue beneficiada con la anulación de la imputación respecto a un posible lavado de dinero con la triangulación de cheques entre el POBA, "San Javier" y otras droguerías. La presunta administración fraudulenta se dio contra la Administración de Programas Especiales (APE), que reembolsa tratamientos médicos complejos que pagan las obras sociales pero que en el caso POBA los pedía con documentación falsa. Los camaristas criticaron a Oyarbide al sostener que la investigación de la causa fue "desordenada" y "con una metodología zigzagueante" en la que se realizaron más de 70 allanamientos en todo el país, y por eso le pidieron que profundice la investigación.
Los jueces le pidieron que, entre otras medidas, investigue cómo se adulteraron los troqueles de los medicamentos, qué droguerías proveían a "San Javier" de los remedios apócrifos, cuál fue el origen de toda la maniobra, y cuál fue el destino de los fondos. Para eso pidieron que se cite a indagatoria a Capaccioli y como testigos al ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin y al ex ministro de Salud nacional y actual embajador en Chile Ginés González García, y que se amplíen las indagatorias de Lorenzo y Torres.
El fiscal de la causa, Luis Comparatore, había pedido a Oyarbide que citara a declaración indagatoria a Capaccioli, recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández, con el argumento de que como controlador de las obras sociales fue "tal vez uno de los que revista mayor incumbencia en la materia que nos ocupa". Pero Oyarbide no accedió a ello y ahora se lo ordenó la Cámara.
Fuente: DYN
