La secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti, afirmó hoy que sería "ilusorio" suponer que únicamente la voluntad del Estado pueda sanear la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y convocó a los particulares a cumplir con sus "obligaciones jurídicas y morales". Así, la funcionaria deslindó la responsabilidad del Gobierno y apuntó contra las empresas que vuelcan sus residuos y efluentes en la zona.
La funcionaria fue la primera expositora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la quinta audiencia dispuesta por el Máximo Tribunal, en el marco de la causa contra el Estado Nacional por daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental de esa cuenca hídrica.
Picolotti afirmó que "los tres poderes del Estado le han dado importancia histórica al tema del daño ambiental" y que esa labor conjunta del Ejecutivo, Legislativo y Judicial demuestran una actividad "unida detrás de esta preocupación para mejorar la calidad de vida de siete millones de personas".
La funcionaria apuntó sus dardos contra las empresas contaminantes al sostener que el hecho de tener "autorización administrativa" no convalida "la contaminación generada por dichos establecimientos".
Luego de las palabras de Picolotti, fue el turno del Procurador General de la Nación Osvaldo Guglielmino, quien en representación del Estado sostuvo que "la solución" no es exclusiva del poder público ya que " hay un fuerte componente de responsabilidad social".
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que seguía las alternativas de esta causa que lo tuvo como uno de sus principales impulsores, se retiró "sorprendido" por lo que consideró "imprecisiones" de la posición oficial.
Entre las 44 empresas co-demandadas que también expondrán sus descargos se encuentran Aguas Argentinas (AYSA), Coto, Cervecería Quilmes, Molinos Río de la Plata, Petrobrás, Daimler Chrysler, entre otras empresas petroleras, textiles y curtiembres.
Las audiencias se retomarán mañana a las 10, cuando comiencen a exponer los representantes de las empresas (entre ellas la cuestionada petrolera anglo-holandesa Shell) que se encuentran
asentadas y funcionando en torno a la cuenca del Riachuelo.
La demanda fue presentada por vecinos, organizaciones no gubernamentales y ambientalistas quienes querellan al Estado Nacional por los daños sufridos a causa de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La Corte había ordenado al Estado Nacional presentar un plan de saneamiento de la Cuenca, que fue debatido en una audiencia pública y auditado por peritos de la UBA.
Fuente: Télam
