SOCIEDAD
Gastos del hogar

Polémica por el proyecto para bajar las expensas en los edificios porteños

El plan del Gobierno de la Ciudad para que los consorcios paguen menos generó roces entre el gremio y los consorcistas.

edificio expensas consorcio_20180129
El Gobierno porteño prepara una batería de medidas para reducir los gastos de las expensas de los edificios. | Gobierno Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está buscando reducir los gastos de las expensas de los edificios. Con ese objetivo, propuso una serie de medidas que despertaron una fuerte polémica entre los consorcistas y el gremio de los porteros.

El programa, que centra el ahorro en sacar la obligatoriedad de proveer una vivienda para el encargado, que haya controles más espaciados y menos cargas burocráticas para bajar los costos de los edificios, ya despertó todo tipo de opiniones.

Por lo pronto, los consorcistas no objetan la iniciativa, pero al mismo tiempo cuestionan su utilidad. El reclamo del sector es participar en las paritarias de los encargados y afirman que, mientras eso no ocurra, cualquier otra acción tendrá un impacto menor en el valor de las expensas.

"Es un plan que presentaron para mostrar que están haciendo algo, pero la verdad es que no modifica lo importante. Nuestro reclamo principal es que nos dejen participar de las paritarias, porque hoy hay un contrato leonino en el que los dueños de los departamentos no pueden discutir", dijo al diario Clarín el presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (Fedeco), Samuel Knopoff.

Su visión sobre la propuesta oficial de dejar de obligar a los propietarios a darles viviendas a los encargados, dilatar los controles y eliminar certificados innecesarios fue tajante: "El ahorro que pueden lograr es insignificante".

En la discusión salarial están sólo los encargados, representados por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), y el Ministerio de Trabajo. Si bien el titular del gremio Víctor Santa María, aseguró a la agencia Télam que no tienen "ningún problema en brindar esa discusión", explicó que el Gobierno "no es claro" con la medida.

En esa línea, el sindicalista manifestó que buscarán sostener el convenio de trabajo y defender los derechos de los trabajadores "como siempre" lo han hecho. "Si la medida no perjudica a los trabajadores y ayuda a que las expensas sean más bajas, vamos a apoyar eso", argumentó.

Por otro lado, Santa María se mostró preocupado con bajar la cantidad de inspecciones sobre ascensores, calderas y tanques de agua. "Los controles espaciados atentan contra la seguridad de los que viven en el edificio. Prefieren bajar costo a tener un edificio más seguro, pero eso debe ser una decisión de cada consorcio", analizó.

El anuncio del plan del Gobierno porteño se da en un contexto político especial. El titular del gremio de los encargados, y también presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, carga con denuncias sobre presunto lavado de dinero.

Según la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, durante 2017, las expensas subieron un 34,7%. En diciembre, el promedio para una familia tipo fue de $1.657, mientras que en diciembre de 2013, el primer año de la base de datos citada, el promedio era de $515.

En los incrementos, los salarios de los encargados cumplen un rol protagónico. "Generan una incidencia de entre un 60% y un 80% en el valor de las expensas, dependiendo de la cantidad de departamentos que tenga el edificio", precisó al matutino Alicia Giménez, de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.

El plan del Gobierno plantea una reducción de entre un 10 % y 20 %, consignó Clarín. Los ahorros pasan por eliminar la obligación de construir vivienda para encargados en edificios de más de 15 departamentos; sólo limpiar aquellos tanques de agua que tengan resultado negativo en análisis de laboratorio; intensificar las inspecciones en los ascensores más viejos pero espaciarlas en los más nuevos; y hacer lo mismo con las calderas, que hoy deben examinarse cada tres meses.

El proyecto prevé hacerlo según su antigüedad y tecnología. Sobre los dos últimos puntos el Ejecutivo deberá explicar cómo se organizará a nivel práctico para que la medida no represente un riesgo para los propios vecinos.

"Hay muchas cosas que se pueden simplificar, mucha burocracia y gastos que caen sobre los consorcistas y los administradores. Me parece bien que eso se revise", analizó Osvaldo Loisi, de la Liga del Consorcista.