Un nuevo caso de asesinato de una mujer cometido por un hombre que integra las fuerzas de seguridad se conoció este miércoles 3 de marzo. La víctima, de 41 años, fue asesinada de varios disparos con el arma reglamentaria de su pareja, un oficial de policía del área de Inteligencia Criminal de Pinamar.
Con este femicidio, ya son siete los casos de asesinatos de mujeres en la Argentina en lo que va de 2021 por agresores que son agentes o ex agentes de las fuerzas de Seguridad. De acuerdo a datos de La Casa del Encuentro, que releva informes de femicidios cada año, entre 2008 y 2020 hubo 214 asesinatos de mujeres con estas características: cada poco más de 22 días, un policía o ex policía cometió un femicidio.
“Cuesta mucho para las mujeres vencer el temor para hacer una denuncia, más cuando va a hacerla al mismo lugar donde pertenece el agresor. Más allá de que sea en el mismo distrito o no, pertenece a la fuerza de seguridad”, explicó en diálogo con PERFIL Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro.
“Existe algo, como una camaradería absurda que los protege, un pacto silencioso de los compañeros del agresor'lo llamaría. Es un círculo que hay que desbloquear”, apuntó Rico. En ese marco, señaló que protocolizar y capacitar a quienes toman las denuncias es de suma importancia, “máxime si se tiene en cuenta que el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad”.
Las historias detrás de los 50 femicidios cometidos en los primeros 2 meses del año
La Comisión Provincial por la Memoria detalla en base a datos sobre sobre uso letal de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, que en el período 2016-2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total, 21 casos fueron femicidios.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que entre 2010 y 2020, “al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías”, y que 17 de ellas eran funcionarias de seguridad.
“La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar”, señalan en el informe sobre femicidios policiales. Entre los dos factores que perpetúan esta problemática, mencionan la portación del arma reglamentaria y el encubrimiento policial.
En febrero, el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, apuñalada por su ex novio policía que tenía carpeta psicológica y reiteradas denuncias por violencia, impactó en la comunidad de la ciudad de Rojas en la provincia de Buenos Aires y en el país entero.
“El asesinato de Úrsula fue un detontante: una mujer muy joven, casi una adolescente, él con varias denuncias, policía, en un lugar pequeño como Rojas. Aunque no es el único, la pueblada y todo lo que sucedió después con el caso fue un detonante por todas estas características”, analizó Ada Rico.
Frederic sobre los femicidios: "El problema está en la Justicia"
En casos como este -y tantos otros que se repiten a diario-, expuso, es donde queda demostrado las fallas que existen en la Justicia. “Por eso en estos casos hablamos de femicidios evitables, por eso tenemos que decir que el Estado ha fallado”, argumentó a este medio.
La referente de la Casa del Encuentro recalcó que es necesario que, antes de pensar en nuevas medidas desde el Estado, se apliquen de manera efectiva las que ya existen, como el curso de abordaje integral en la toma de denuncias en las comisarías, y el entrecruzamiento y la unificación de todas las denuncias, contemplado en el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). “Si la protocolización para la toma de denuncias se llevase adelante desde una perspectiva de género, quien toma una denuncia debe hacer una evaluación de riesgo de la mujer”, detalló.
La referente de la Casa del Encuentro recalcó que es necesario que, antes de pensar en nuevas medidas desde el Estado, se apliquen de manera efectiva las que ya existen
En ese sentido, en el centro de asistencia de La Casa del Encuentro, -explicó Rico-, cuando una mujer se acerca y pide acompañamiento, en la medición de riesgo se contempla, entre otras cosas, si el agresor es policía y porta armas, lo que indica automáticamente que ya hay peligro.
Esto es, en principio, lo que debería tenerse en cuenta para la protección y contención de la mujer cuando se acerca a una comisaría. Rico señaló que, además del botón antipánico y la tobillera electrónica al agresor, es necesario un monitoreo responsable. “Si (ese monitoreo) no lo tiene por parte de la justicia, tampoco es válido”, sostuvo. “Se tiene que aplicar lo que ya existe, esto salvaría la vida de las mujeres”, recalcó.
La Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria a todos los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, dijo Rico, "tampoco se está aplicando a nivel federal". “Esto reclamamos que se lleve a cabo a conciencia, especialmente para efectores de la Justicia que están en cercanía de las mujeres, quienes toman las denuncias, para que se entienda la magnitud de lo que se habla cuando hablamos de violencia de género, donde el agresor puede ir y matar a la mujer, a los hijos”, concluyó.
A.G./ CP
