No se conoce con exactitud el número de industrias que contaminan el Riachuelo, ni la cantidad de basurales que siguen acechando sus márgenes, mucho menos se implementaron planes de asistencia de salud para los más de dos millones de personas que viven afectados directamente por su contaminación. Hoy se cumple un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los estados nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y muy poco hicieron para cumplir con los plazos que estableció el máximo tribunal.
En efecto, el 8 de julio del año pasado, la Corte ordenó que la Acumar, Autoridad de Cuenca (constituida por los tres estados implicados y por diversas ONG participantes), que inspeccione, en un plazo de 30 días, todas las empresas de la zona para conocer los afluentes que desechaban en el lugar, al tiempo que estableció un año de plazo para que se encargue de erradicar todos los basurales clandestinos y los asentamientos que los rodean. Pero también debía poner en marcha un plan sanitario y encargarse de la limpieza de sus márgenes y de la realización de obras de agua potable, desagües y cloacas. El único avance hasta el momento es la concesión de un crédito de 850 millones de dólares que el Banco Mundial anunció el mes pasado para su saneamiento, pero que todavía genera dudas acerca de cómo será su utilización.
“Las condiciones para que el Banco Mundial efectivamente realice el desembolso son muy complejas, por lo que el dinero podría estar llegando recién en el próximo gobierno”, sentenció en diálogo con Perfil.com el ex embajador de Asuntos Institucionales Raúl Estrada Oyuela, miembro honorario de la Asociación Vecinos de la Boca, ONG que participa en la Acumar. Y agregó: “El crédito no es cosa inmediata, ni resuelve los temas de hoy”.
Es que, según explica Estrada Oyuela, uno de los destinos del dinero es para la construcción de dos grandes ductos que desemboquen en dos plantas de tratamiento, en Avellaneda y Berazategui, donde sólo se filtrarán los sólidos de las aguas. “El resto de los líquidos cloacales crudos serán eliminados directamente al Río de la Plata, lo cual es motivo de preocupación para las ONG intervinientes y para el mismo banco que otorgó el crédito”, señaló el especialista.
En el mismo sentido se pronunciaron desde Greenpeace, ONG que también interviene como participante civil en Acumar. “Lo peor de todo es que han establecido como uso del río parámetros de contaminantes que sólo generan que no tenga mal olor, mientras que las cloacas en vez de tratarlas van a ser llevadas al Río de la Plata”, señaló Martín Pietro, director ejecutivo de la organización. Y agregó: “A un año del fallo de la Corte aún no se ha terminado de inspeccionar a las más de 4.000 industrias que dicen que hay censadas, no hay metas de reducción progresiva y gradual de los contaminantes del río, no hay provisión de agua potable, no hay sanitario de emergencia para la población que vive alrededor de la cuenca..., en fin, no tienen ni siquiera un mapa para saber dónde están parados”. En efecto, según un censo de Acumar, habrían una 4.100 industrias en los alrededores de la cuenca. Sin embargo, censos anteriores realizados por ONG estimaban más de 10.000.
Mientras tanto, en el marco de los incumplimientos a un año del fallo de la Corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella (designado por el máximo tribunal para controlar las tareas de Acumar), le ordenó a la Autoridad de la Cuenca que presente en 10 días un cronograma oficial para las obras de saneamiento que pretende realizar con el dinero del Banco Mundial, con el correspondiente estudio de impacto ambiental de cada obra. También le ordenó hacer 20 inspecciones diarias (en vez de las tres que informó que venía haciendo) para controlar los basurales clandestinos, y explicar las razones de las demoras en el cumplimiento de las obras que habían sido anunciadas.
“Lo único bueno que se ha observado desde el fallo es el crédito del Banco Mundial y el trabajo del juez Armella que ha mostrado voluntad en tratar este tema. Pero sobre el crédito, si bien dota al Estado de los recursos necesarios para realizar las obras de sanemianto, sino se gestiona adecuadamente va a pasar lo mismo que con el crédito del BID, cuya implementación fue nefasta”, destacó Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de FARN, ONG involucrada en el saneamiento de la cuenca.
(*) redactora de Perfil.com
