Se cumplen 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki, de 21 años, y Darío Santillán, de 25, a manos de la Policía Bonaerense durante una protesta. Los jóvenes eran militantes de la ex Coordinadora Aníbal Verón y su crimen es recordado como la “Masacre de Avellaneda”.
En el mediodía del 26 de junio de 2002, varias agrupaciones piqueteras decidieron cortar cinco accesos a la Capital. Participaron militantes del Polo Obrero, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, la agrupación Teresa Rodriguez, Barrios de Pie y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, entre otros. En medio de la fuerte crisis económica que atravesaba el país, los manifestantes reclamaban aumentos salariales, subsidios para desocupados y alimentos para comedores.
El gobierno del entonces presidente Duhalde había ordenado que se impidiera el corte en el Puente Pueyrredón. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad realizaron un cordón policial en las cercanías a la ex estación Avellaneda para impedir el avance de las organizaciones sociales. En el operativo accionaron en conjunto la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía Bonaerense. El comisario Alfredo Fanchiotti, que dependía de la comisaría primera de Avellaneda, estaba a cargo del operativo policial.
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Hubo un enfrentamiento cuando la columna de movimientos sociales llegó donde se encontraba el cordón policial. Las fuerzas de seguridad utilizan balas de goma y gases lacrimógenos para replegar a los piqueteros. Los manifestantes utilizaban palos, objetos contundentes y piedras para enfrentar a los policías.
A sangre fría
Los disparos dividieron la manifestación en varios grupos que buscaban refugio ante la represión. Uno de los grupos escapó hacia la estación Avellaneda. El comisario Fanchiotti, con su arma en mano, persiguió a ese pelotón junto al suboficial Acosta. Comenzaron a disparar a los piqueteros, hiriendo entre otros a Kosteki, quien fue trasladado por un manifestante hasta el hall de la estación de trenes de Avellaneda. Santillán ingresó al lugar para asistir al herido, seguido por Fanchiotti y Acosta. Cuando los policías entraron el joven levantó las manos, pero el suboficial le disparó por la espalda con su escopeta.
En un principio, las autoridades nacionales y bonaerenses responsabilizaron de los crímenes y de los cientos de heridos a un conflicto interno entre los movimientos sociales. Sin embargo, esta versión fue desmentida por las fotos de los reporteros gráficos Pepe Mateos y Sergio Kowalewski, las cuales mostraban el accionar policial y la persecución que Fanchiotti y Acosta realizaron contra Kosteki y Santillán.
El impacto que tuvo los asesinatos llevó a que el 2 de julio, seis días después del hecho, Duhalde anticipara el llamado a elecciones, las cuales se llevaron a cabo en marzo de 2003 en lugar de diciembre de ese mismo año. El 25 de mayo entregó el bastón presidencial a Néstor Kirchner, siete meses antes de lo que estaba previsto que terminara su mandato.
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El 9 de enero de 2006 el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora condenó a Fanchiotti y Acosta a cadena perpetua por los dos homicidios agravados por alevosía y siete tentativas de asesinato. Otros cuatro policías recibieron penas de entre tres y cuatro años por encubrimiento. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema bonaerense en 2014 y ratificado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nunca se supo quién dio el tiro mortal
En el caso de Santillán, los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini determinaron con certeza que el disparo que lo mató salió del arma de Acosta, considerando que tanto él como Fanchiotti fueron responsables por igual. En el de Kosteki, la fiscalía de Lomas de Zamora no logró establecer cuál de los dos dio el tiro mortal.
Mabel Ruiz, madre de Maximiliano, inició una causa por responsabilidades políticas. Se tramita en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo y la investigación la lleva adelante la fiscal Paloma Ochoa. En 2007 la Corte ordenó dividir las actuaciones. Las que corresponden al gobierno nacional se tramitan por el fuero federal, en una causa caratulada como “homicidio”. Las responsabilidades de la provincia, caratuladas como “instigación a cometer delitos” se llevan adelante en el Juzgado Penal N° 5 de Lomas de Zamora y la investigación fue delegada a la Fiscalía N° 8, especializada en casos de corrupción y violencia institucional.
En 2018, Fanchiotti y Acosta solicitaron salidas transitorias y la libertad condicional, pero la solicitud fue denegada. En abril de este año, realizaron nuevamente el pedido. La decisión la debe tomar el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 de Lomas de Zamora. A partir de la reforma procesal y penal, esta vez el juez debe contemplar la opinión de los familiares de las víctimas, quienes se oponen al pedido de los condenados.
MCP
