Resulta imperativo manifestar nuestro profundo rechazo ante la falta de aviso y la arbitrariedad en los recientes cierres de negocios en nuestro barrio. En una comunidad donde más de 1.500 comercios representan el sustento diario de miles de familias, la implementación de controles debe realizarse con sensibilidad social. La gran mayoría de estos trabajadores tiene la voluntad firme de adecuarse a las normativas, formalizarse y cumplir con las reglas vigentes. Sin embargo, es inadmisible que el Estado responda con operativos policiales armados frente a establecimientos que solo buscan, con humildad y esfuerzo, garantizar el pan de cada día.
Un caso paradigmático y alarmante es la clausura del único corralón del barrio. Se trata de un comercio que operaba legalmente (“en blanco”) y que cumplía un rol estratégico: abastecer a las cooperativas locales encargadas de los programas de mejoramiento habitacional que el propio Gobierno de la Ciudad (GCBA) impulsa.
Paradójicamente, el cierre no se debió a irregularidades comerciales, sino a una interpretación rígida de la Ley de Urbanización, alegando que su ubicación en el “macizo” no contempla dicho uso.
Hoy, las cooperativas están paralizadas por falta de insumos cercanos, demostrando una desconexión total entre la planificación técnica y la realidad territorial.
A esto se suma la clausura de accesos vehiculares claves. Con la llegada del frío, el riesgo de incendios aumenta drásticamente. En este contexto, no solo se restringe la movilidad, sino que se ha desplazado a los bomberos voluntarios del barrio, quienes realizaban una labor invaluable de prevención y socorro. El cierre de calles y la falta de un cuerpo de emergencia local crean una trampa mortal: ante una urgencia, el ingreso de ambulancias o camiones de bomberos externos será prácticamente imposible.
Hay un malestar legítimo y creciente. Como representante de la Facultad de Arquitectura en la Mesa de Urbanización, denuncio que estas medidas jamás fueron consensuadas. Hemos trabajado durante años junto al gobierno y organizaciones civiles para construir una ley basada en el diálogo y la consulta vecinal. El accionar actual del Gobierno de la Ciudad no solo es un atropello a la comunidad, sino que destroza años de lucha y construcción colectiva, reemplazando la urbanización real por una política de exclusión y fuerza. Son cien pasos hacia atrás.
*Arquitecto residente del Barrio 31.
