A pocas horas de empezar 2018 –y cuatro años después de terminar el colegio–, Alan Rodríguez despedirá el año con un “gran logro y un gran orgullo”, según dijo su mamá: el jueves recibió, por fin, su título secundario.
El joven, que hoy tiene 23 años, tuvo que dar la pelea en la Justicia: como tiene síndrome de Down, cuando terminó su cursada, en 2013, tanto su escuela –el instituto Jesús María de San Vicente de Paul, de San Telmo– como el Ministerio de Educación porteño habían considerado que su título no podía ser entregado porque “no había cumplido con contenidos considerados mínimos si se los comparaba con el resto de los estudiantes”.
Esto, a pesar de que Alan cursó, en ese mismo colegio, desde sala de 3 hasta el último día de quinto año del secundario, y con un proyecto pedagógico individual, y “alcanzó los objetivos planteados con excelentes calificaciones”, como se desprendió de la decisión judicial.
En 2015, luego de múltiples reclamos, Alan y su familia decidieron llevar su caso a la Justicia, con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva. Un año después, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad reconoció su derecho a la educación inclusiva y ordenó a la escuela y al ministerio la entrega y legalización de su título, aunque la decisión fue apelada.
En esa resolución, la jueza aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que “obliga a los Estados partes que la suscriben a garantizar sistemas educativos inclusivos”. Esta semana llegó el día “de la gran noticia”, como lo califica su mamá, Florencia Innamorato, aunque destaca que el día de la entrega, en la escuela “el trato fue frío y nosotros estábamos tensos, a la espera de que todo estuviera en condiciones”, contó a PERFIL. Cuando terminaron la entrega, la familia Rodríguez salió a la calle a festejar: “Nos abrazamos, lloramos, la gente en la calle nos felicitaba. Estamos orgullosos de que él le haya allanado el camino al resto”, agregó. Para su papá, además, “el título en la mano le da el derecho de elegir lo que quiera hacer”. Hoy, Alan trabaja con sus padres en el negocio familiar, pero además se recibió de monitor deportivo, hace cursos de percusión y de arco y flecha, y quiere ser profesor de Educación Física.
El fallo destacó que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones”, es decir, que a cada alumno se le exija alcanzar “los objetivos que –desde lo institucional– se plantearon”.
“Después de cuatro años de haber egresado, Alan tiene el mismo título que quienes estudiaron con él, y con ello logró superar una barrera que se oponía a su inclusión en la comunidad”, aseguró Celeste Fernández, la abogada de ACIJ que llevó adelante el caso.
