Mimi vivió prácticamente toda su vida junto a Mariana y su esposo Marcelo, una pareja que la acogió a la espera de que se resolviera su situación legal. Lo que debía haber sido una estancia de seis meses se convirtió en más de tres años en los que formaron una familia. Es por ello que decidieron pedir su adopción. No sabían que esa solicitud derivaría en su separación. Desde diciembre del año pasado no saben nada más de ella.
Mariana y Marcelo se inscribieron en el 2015 en una ONG llamada Familias Abiertas, para acoger a niños en situación de vulnerabilidad, donde la Justicia debe resolver si vuelven con su familia biológica o son dados en adopción. En tanto, es el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes quien debe supervisar el proceso.
Dos años después de anotarse, recibieron a Mimi, una niña de un mes que, según Mariana, era evidente que había atravesado por situaciones traumáticas. Hasta hace poco, la pequeña les decía “mamá” y “papá", y ahora no saben cuándo podrán volver a verla.
“A lo largo del 2020 empezamos a plantear para adoptarla y decidimos presentar una medida cautelar de pedido de guarda para la adopción definitiva”, relata Mariana Megías a PERFIL. De acuerdo con la ley, el proceso legal para decretar el estado de adoptabilidad de una criatura no puede ser mayor a seis meses. Igualmente, cabe destacar que, en algunos casos, las familias de tránsito se convirtieron finalmente en adoptantes, dado que algunos jueces priorizaron el bienestar del niño y el vínculo que este mantenía con quienes lo acogieron.
Por esa razón, luego de tres años sin novedades judiciales, decidieron solicitar la guarda y adopción de Mimi. Poco sabían ellos que, una vez presentado este pedido de excepcionalidad, todo se transformaría en una dolorosa y traumática lucha.
Ahora bien, lejos de analizar el vínculo y la situación de la niña con quienes fueron sus cuidadores hasta la fecha, el 24 de diciembre del 2020 la Justicia resolvió enviar a la nena a otra familia de tránsito. “Se presentaron desconocidos y se la llevaron abruptamente”, cuenta Mariana, quien lamenta, entre lágrimas, que partir de ese momento no supieron nada más de ella.
“El tutor de Mimi nunca la fue a ver y la jueza nunca la recibió para escucharla”, destacó. En ese sentido, la familia sostiene que los responsables de esta situación no se quieren hacer cargo de su mal desempeño y que, por eso, la jueza Mónica Fernández ofrece ahora a la nena en adopción, luego de no haber tomado ninguna determinación al respecto por tres años, en los cuales entre la pequeña y su familia de tránsito se generó un vínculo familiar ya inseparable.
De acuerdo con la madre de tránsito, los responsables de esta situación son el tutor de la pequeña, Juan Pablo Olmo, la defensora Stella García Vigo, la ONG Familias Abiertas, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Justicia.
Ante ese escenario, Mariana enfatiza: “Hicimos un pedido de restitución y las partes (previamente mencionadas) nos dijeron que no daban lugar a lo que solicitamos. Nos bloquearon los teléfonos, no respondieron ningún mail que enviamos”.
Con respecto a las razones por las cuales los responsables actuaron de tal manera, la madre opina que, tanto los organismos de protección como la Justicia “funcionan como algo corporativo y en beneficio de sus propios intereses”. En esa línea subraya que “el único justificativo que tienen es que nos comprometimos a no pedir la adopción, pero ellos por su lado se habían comprometido a realizar su trabajo correctamente y tardaron tres años”.
“Nosotros apelamos a esa sentencia de adoptabilidad, pero sigue actuando la misma jueza. El pedido está en Cámara, y lo que solicitamos es una pericia para ver cómo está la niña y una audiencia donde nos escuchen a nosotros y a ella”, precisa Mariana, quien a su vez pide a los magistrados que decreten esta situación que es “excepcional”, y que dejen de lado el artículo 611 de Código Civil en pos del bienestar de Mimi.
Ese artículo establece que queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. “Hay muchísimas familias en esa situación. Esto necesita una resolución urgente”, concluye.
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El marco legal
Cuando un menor es separado de su familia biológica, en el marco de la Ley de Protección de la niñez, la Justicia aplica una medida de abrigo, donde se da un tiempo de seis meses para que se decida su futuro destino. En ese lapso, hay distintas opciones: puede enviarse a un hogar convivencial o a una familia de tránsito (la opción más común en los bebés o nenes más chicos).
Pasado ese medio año, la Justicia reevalúa la situación y se determina cuál es el destino final de ese menor: si puede volver con la familia biológica (en el caso de que ésta ya realizó las modificaciones que requería el sistema judicial por la que la medida fue impuesta en un primer momento) o se inician los trámites para que pueda ser adoptado.
Por norma general, la familia de tránsito no puede optar por la adopción, puesto que los padres adoptivos deben salir de un registro de postulantes oficial. Sin embargo, cuando los tiempos se dilatan se produce una irregularidad que debe resolver el juez que lleva adelante el expediente. Algunos magistrados deciden enviar al niño a la lista de adopción por más que se hayan dilatado los tiempos y hay otros que priorizan el vínculo que ya se creó entre la familia de tránsito y el menor.
“Hay que buscar alternativas para que no se alarguen tiempos y, si eso sucede y la familia empieza a tener un afecto tan cercano con el menor, se debería revaluar y buscarle otro lugar. Por eso es importante que haya familias de tránsito apoyadas de forma permanente por equipos de profesionales”, explica a este medio una perito psicóloga que integra un Juzgado de Familia.
La campaña de los famosos
El caso de Mimi conmovió a la opinión pública y muchas celebridades empezaron una campaña para dar a conocer su historia y que la pequeña vuelva con la que ha sido su familia desde que tiene uso de razón.
“Hay tratados internacionales que son ley en nuestro país que establecen que sobre todo hay que analizar y ver el interés superior del niño. Acá no cabe ninguna duda de que la desidia y la lentitud del Poder Judicial y de todos sus organismos auxiliares a través de tres años no tuvieron en cuenta el mantener el vínculo con su familia (barrio, vecinos entorno) con la que está desde su primer mes de vida y, por el contrario, la niña fue expropiada de su hogar”, afirma a PERFIL la actriz Andrea Pietra, una de las famosas que se sumaron a la divulgación del caso.
Otros famosos que participaron de la campaña son los actores Facundo Arana, David Masajnik y Natalia Oreiro, quienes grabaron videos para recolectar firmas para una petición que llevó a cabo la familia en Change.org.
También bajo la consigna #YoApoyo allegados a la familia grabaron videos en los que expresaron su respaldo para que la Justicia decida que Mimi pueda regresar a su hogar.
Para firmar la petición ingresar a:
https://www.change.org/p/poder-judicial-de-la-nacion-restituci%C3%B3n-inmediata-y-pedido-de-guarda-adoptiva?utm_content=cl_sharecopy_26596045_es-AR%3A0&recruiter=89583776&recruited_by_id=eb83a0c0-c37c-11e3-8aae-ab3ceaf2a53a&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition
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