Prostitución, trata de personas, juego clandestino, secuestros extorsivos, tráfico de drogas (cristal meth y ketamina) y homicidios son los crímenes que la mafia china comete en Argentina “financiada” por el dinero exigido, bajo amenaza de muerte, a supermercadistas, que según investigadores de la Policía Federal puede llegar hasta los 50 mil dólares por año a cada uno.
Las 380 denuncias por extorsión que se recibieron en Buenos Aires en sólo tres meses –desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016–, y las casi cincuenta personas asesinadas por no pagar, impulsaron a la embajada de China a pedir ayuda al Ministerio de Seguridad de la Nación para detener el avance de estas bandas que, además, cometen delitos económicos graves y evasiones.
Pese a que, a mediados de febrero, agentes de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, a cargo del comisario Luis Rodríguez Adrover, volvieron a golpear a Pi Xiu, la organización criminal más importante y peligrosa del país, los crímenes de la mafia china no cesan: los heridos de bala continúan llegando a los hospitales, las transferencias de supermercados llenan espacios en el Boletín Oficial y los crímenes sicarios no paran.
Desde la detención, en junio de 2016, del capo Ye Yong, más conocido como “A Di”, otras dos facciones luchan por quedarse con el sustancioso botín de la mafia. Por ejemplo, las extorsiones no bajan de 30 mil dólares y el “negocio” de la trata deja 10 mil dólares por persona al traficante o “cabeza de serpiente” encargado de hacer ingresar al país, vía Bolivia, a los ciudadanos chinos sin documentación.
Detectives detrás del accionar mafioso de estas organizaciones indicaron a PERFIL que tomaron conocimiento de enfrentamientos armados entre al menos dos bandas rivales que buscan reemplazar a Pi Xiu, una guerra en la que participan los aliados de A Di.
Se trata de desprendimientos de Wang Ke, Jong Long y Jia Yuan, organizaciones criminales chinas que operan a nivel global. Es sencillo identificar su presencia a nivel local: cada organización entrega un cartel al comerciante extorsionado, que deberá ser expuesto para dejar en claro que la extorsión está cubierta y es territorio de determinada banda.
En cuanto a sus integrantes, cada grupo se identifica con diferentes tatuajes alegóricos. En el caso de Pixiu, es el dragón. Se calcula que Pixiu tuvo 15 jefes, con diez soldados a su disposición para cada uno de ellos. Creen que detrás de esta organización está el padre del líder preso, un hombre con antecedentes y presidente de una cámara de “comerciantes e industriales chinos” de Buenos Aires, que ofrece protección, a cambio de dinero. “Una extorsión encubierta”, para los investigadores.
Los primeros crímenes de la mafia china, en 2011, quedaron impunes a causa de la dificultad de hallar un intérprete que no tema ser asesinado y la falta de confianza de las víctimas en la Justicia argentina y en las “leves” penas que reciben los extorsionadores.
La causa que comenzó a echar luz sobre el submundo de las mafias chinas se inició con una denuncia realizada en diciembre de 2015, en la Comisaría 20ª, tras la denuncia del propietario de un supermercado chino de un barrio porteño. La jueza de instrucción María Gabriela Lanz tomó la causa y fue tras las pistas que, a su vez, dejó un crimen sicario esclarecido por la División de Homicidios, a cargo de Martín De Cristobal (ver aparte).
Lo investigado por Lanz aportó mayor claridad al trabajo del juez federal Adrián González Charvay, detrás de A Di y de un jefe de Migraciones, Javier Leonardo Rende, detenido por tráfico de personas y falsificación de documentos.
El operativo que agravó la situación del capo fue supervisado por el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y contó con la participación de la Dirección Nacional de Migraciones y la policía china.
Tres bandas de la mafia china operan en la Argentina y pelean por el poder
Exigen hasta US$ 50 mil por año a cada supermercadista por “protección”. La embajada de China pidió ayuda al Ministerio de Seguridad para frenar el avance de estas organizaciones.
