El Gobierno nacional oficializó una amplia modificación del Presupuesto 2026 a través del Decreto 1391/2026, con la firma del Presidente y de todo el Gabinete de Ministros. La medida habilita incrementos de gasto por alrededor de $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y recorta en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.
Según el relevamiento de la Planilla Anexa I, compuesta por 564 folios, la suba representa el 10,2% del crédito vigente, fijado hasta ahora en $152,47 billones.
El movimiento responde al fuerte desfasaje entre las estimaciones macroeconómicas iniciales y la dinámica real de la economía. El presupuesto se había armado sobre una pauta inflacionaria anual del 18%, pero la evolución de los precios acumulada y proyectada para 2026 ronda el 33%, lo que obligó a reforzar partidas que quedaron cortas frente a los compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.
Los argumentos oficiales y el impacto en las cuentas
La Casa Rosada sostiene que el ajuste es indispensable para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y cumplir con las obligaciones asumidas por la administración nacional. El texto oficial apunta que varias áreas reportaron insuficiencias en sus créditos tras superar las previsiones iniciales, y justifica la reasignación en la cobertura de prestaciones sociales, salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro, incluyendo refuerzos como los vinculados al Plan 1000 días y a transferencias de ANSES hacia PAMI.
Del lado de los ingresos, los recursos corrientes y de capital suben cerca de $8,1 billones, por debajo del ritmo de expansión del gasto. Esa brecha de unos $7,5 billones recorta el resultado fiscal anual previsto: el superávit estimado originalmente en torno a los $26,4 billones pasa a ubicarse cerca de los $18,9 billones.
El dato cobra mayor peso al mirar la caja acumulada: al 16 de noviembre, el sector público mostraba un resultado positivo estimado de $33,2 billones, lo que sugiere que buena parte del nuevo gasto autorizado se concentrará en las últimas semanas del año.
En el frente de los ingresos, los recursos corrientes y de capital suben cerca de $8,1 billones, un avance que queda muy por debajo del ritmo de expansión de los gastos autorizados.
Esa brecha entre ingresos y erogaciones, de unos $7,5 billones, se traduce directamente en un recorte similar del resultado fiscal esperado para el final del año.
Según las proyecciones sobre la ejecución del presupuesto, el superávit estimado inicialmente para 2026 rondaba los $26,4 billones. Con el cambio dispuesto por el decreto, ese colchón fiscal bajaría a unos $18,9 billones.
PAMI será quien perciba un mayor refuerzo
El principal destino de los fondos adicionales detallados en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Esta partida recibe una inyección cercana a los $10 billones, consolidándose como el eje central de la ampliación dispuesta por el Ejecutivo. Ese giro explica por sí solo una porción determinante de todo el incremento presupuestario aprobado y deja en evidencia el fuerte impacto que la aceleración inflacionaria tuvo sobre los costos de atención médica y asistencia para adultos mayores.
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Salud y seguridad se llevan una mejora
Dentro del reparto de los créditos extra también sobresalen partidas específicas orientadas a áreas sanitarias y de defensa interior. En el plano sanitario, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, suma un refuerzo cercano a los $0,8 billones destinado a sostener su operatividad y funcionamiento.
Por su parte, en el área de seguridad, la Gendarmería Nacional incorpora alrededor de $0,2 billones adicionales para financiar el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, considerado uno de los pilares de la política oficial en materia de seguridad federal.
Casi $4 billones más para intereses de deuda
El segundo salto más importante de la ampliación recae sobre el Servicio de la Deuda Pública, en especial en el renglón asignado al pago de intereses y comisiones, que suma cerca de $3,9 billones adicionales.
El peso de esta suba confirma que una parte significativa de la adecuación presupuestaria responde al costo financiero del Estado y a compromisos de deuda cuya evolución superó los cálculos iniciales.
Recorte en Servicios Económicos para financiar prioridades
En el otro extremo de la distribución, el decreto aplica una poda cercana a los $2,3 billones sobre los créditos asignados a la finalidad Servicios Económicos.
Este recorte figura entre las reducciones más severas del anexo y deja al descubierto un traslado de fondos desde áreas productivas o de infraestructura económica hacia rubros que el Gobierno priorizó para el tramo final del año, tales como asistencia social, sanidad, seguridad y vencimientos financieros.
Una actualización de la nominalidad de la economía
Por fuera del impacto de los números, la lectura de la adecuación presupuestaria indica que la finalidad central del Decreto 1391/2026 es acomodar las cuentas a un escenario inflacionario muy superior al contemplado cuando se sancionó la ley de gastos y recursos.
La suba de $15,6 billones en los créditos no equivale necesariamente a un salto de igual magnitud en el gasto real, sino que responde en buena medida a la urgencia de corregir partidas frente a una dinámica nominal que superó con amplitud los pronósticos oficiales.
De todos modos, la clave fiscal pasa por que los ingresos adicionales recaudados en el año no bastaron para cubrir por completo esa ampliación. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por resignar parte del superávit proyectado para absorber los gastos extra y proyectar el cierre del ejercicio con un resultado positivo cercano a los $18,9 billones, por debajo del cálculo inicial pero aún con un margen superavitario holgado.
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