Mi generación mató y fue asesinada en los años 70. Tuve compañeros de facultad y del colegio que desaparecieron. Después de flirtear conmigo Lucrecia salió con Alfredo Astiz, que hoy está condenado por su rol en la ESMA. Yo me casé a los 22 años, me recibí de abogado, tuve dos hijos, y me divorcié a los 28. No tuve el tiempo, ni el interés de involucrarme en la vida pública, pero ahora entiendo que igual podría haber sido otro desaparecido.
Tenía 32 años cuando Julio Strassera me ofreció el privilegio de ayudarlo en el Juicio a las Juntas. Participé de un evento histórico que sacó lo mejor de cada uno de sus actores, desde los testigos hasta los defensores y los jueces. Víctimas y victimarios se encontraban en la misma sala, pero no había enemigos a matar. ¿Era posible probar la responsabilidad de los ex-comandantes? Toda la Argentina observaba.
Conocí a los testigos durante la investigación y aprendí cómo el ritual judicial los ayudaba. Una mujer decidió contar en detalle y frente a todo el mundo algo que nunca había dicho: tuvo que pagar por su libertad aceptando ser violada por el oficial que la iba a liberar. Cuando Pablo Díaz terminó su testimonio, después de revelar lo que le ocurrió a él y a sus compañeros de colegio a los 16 años, salimos, me abrazó y me dijo: “Hacía nueve años que quería contar esto”.
Ya tengo 71 años y quisiera contar a los argentinos que nacieron en democracia mi experiencia en el manejo de violencia.
Los jóvenes de hoy no quieren ser binarios y demandan respeto a las diferencias. Desde Julio del 2021 pueden elegir ser género X. Un amigo mío de 81 años dice que tiene 65 porque él no es binario en materia de edad.
Nuestra historia tampoco debería ser binaria. Podemos ir más allá de las narrativas de héroes y villanos, y generar ideas nuevas para entender nuestro pasado y manejar la violencia del 2023 que no es más política, sino que es crimen organizado.
Debemos resistir la tentación de repetir conceptos fracasados. En particular, la idea de negar derechos a los sospechosos y de utilizar a nuestras Fuerzas Armadas en conflictos internos. No podemos volver a 1976.
La política binaria de los 70 incluía la opción de matar a los adversarios. En septiembre de 1974, Mario Firmenich llamó a una guerra armada contra un gobierno democrático que creía dominado por José López Rega.
El gobierno democrático no había desarrollado una estrategia para enfrentar la violencia y permitió que López Rega asumiera el liderazgo. Junto al Comisario Alberto Villar había creado la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), con policías, y matones sindicales. Utilizaban las oficinas del Ministerio de Bienestar Social para planear asesinatos.
En septiembre de 1975, López Rega se había ido, pero el gobierno seguía sin una estrategia que controlara violencia y respetara a los ciudadanos. Italo Luder, como presidente provisional, delegó autoridad sobre la seguridad interior en las Fuerzas Armadas a fin de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
La decisión de Luder de utilizar nuestro Ejército contra ciudadanos argentinos no fue cuestionada por la oposición. Los partidos políticos condenaban la violencia de la guerrilla y de la Triple A y tampoco tenían planes para enfrentarla. El Ejercito sí los tenía, aunque sus detalles eran secretos.
Desde 1956 se había desarrollado un plan militar basado en la experiencia francesa en la guerra de Argelia. El modelo de 1976 era binario: había enemigos “subversivos” a eliminar físicamente sin un juicio previo. Adoptaba la tortura como método sistemático para identificar a los “subversivos.”
Ese plan se implementó desde marzo de 1976, y fue supervisado meticulosamente por los altos mandos. Las torturas y las ejecuciones de prisioneros fueron tareas asignadas a funcionarios públicos que eran reemplazables. Era una burocracia asesina funcionando, y por eso un análisis binario sobre la bondad o maldad de los individuos no explica el terrorismo de estado.
Las operaciones eran encubiertas para que la sociedad no supiera lo que pasaba. La mejor muestra es la famosa carta de María Elena Walsh, “Desventuras en un país jardín de infantes.” “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos” decía la carta, fechada agosto de 1979, y aceptaba: “Que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos.”
La poetisa fue una víctima de los planes de acción psicológica establecidos para que la comunidad “aceptara el accionar antisubversivo.” Frente a sus jueces Massera dijo: “Estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica.” La verdad fue el arma de la democracia.
En 1982 muy pocos cuestionaban lo que había hecho la Junta Militar, pero su visión binaria de eliminar a los enemigos nos llevó a la guerra de Malvinas, y al fin de la dictadura.
Raúl Alfonsín enseñó que la democracia no tiene enemigos a matar. Entendió que para terminar con el terrorismo y los golpes de estado había que romper ese esquema binario. Recitaba con multitudes el preámbulo de la Constitución: Vamos a “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, y consolidar la paz interior”.
El 52% de la población lo votó y Alfonsín implementó sus promesas en su primera decisión como presidente reclamando la investigación de las cúpulas guerrilleras y militares.
El liderazgo de Alfonsín nos brindó un momento democrático único, donde los partidos políticos se articularon. La primera ley del Congreso reestablecido, adoptada casi por unanimidad, fue declarar nula la autoamnistía del régimen militar. Los senadores peronistas Bittel y Sapag impusieron la reforma de la ley que permitió a los jueces civiles asumir el Juicio a las juntas. En su victoria, Alfonsín tuvo la madurez de gobernar con todos.
¿Es posible articular a los partidos políticos 40 años después? La democracia argentina sigue vibrante. Javier Milei, el nuevo presidente, obtuvo el 56% de los votos y ha prometido gobernar para todos. Ganó las elecciones proponiendo libertad en la economía y denunciando a la casta política, pero necesita alianzas con algunos pues sólo tiene un 10% de los miembros del Congreso.
El tema de la seguridad es una preocupación central, pero, como en los 70, no hay una estrategia clara. Bajar la edad de los que pueden ir presos no va a resolver el problema.
Hubo dos innovaciones de los ‘80 que se podrían repetir para enfrentar la violencia del crimen organizado: podría utilizarse el modelo de la CONADEP, que juntó en siete meses información de todo lo que había ocurrido. Sería fundamental para comprender los flujos financieros del crimen organizado, sus conexiones internacionales y con la “casta” política. En segundo lugar, focalizar las investigaciones para juzgar a los máximos responsables y no solo a los menores de edad.
Empieza algo nuevo, y necesitamos que vaya bien. Es la hora de ayudar a que el nuevo presidente proteja de la violencia, mafiosa o estatal, a todos los argentinos. Es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.
*Fiscal adjunto del Juicio a la Juntas.
