Se cumplen cuarenta años de nuestra moderna democracia. Raúl R. Alfonsín, asumió como presidente de los argentinos y se inició una difícil transición democrática signada por grandes obstáculos, con una incertidumbre para el Ejército centrada en dos grandes temas: la política militar y los derechos humanos. Afrontarla requería una gran y real docencia sobre los oficiales y suboficiales, para internalizar en ellos que la violencia contra el terrorismo instalado por las organizaciones irregulares armadas, se combatió instalando un sistema de represión ilegal, inmoral y atroz: un terrorismo de Estado.
A partir de 1982, la dictadura cívico-militar estaba desgastada y desprestigiada en nuestro país y en el extranjero; era evidente la presión social, política, económica, sindical y el desenlace de la Guerra de Malvinas. Sobre ésta última, fue Alfonsín el primer y único político, que tuvo unas palabras de aliento hacia los combatientes: “Las Fuerzas Armadas (FFAA) no merecen este destino. Es hora de escuchar al pueblo, esa es la voz de los oficiales, suboficiales y soldados que lucharon en el frente contra el imperialismo. Es también la voz de los hombres de las FFAA, que han visto comprometidas su institución y su misión por el manejo de una minoría dispuesta a todo, para aumentar su poder (Clarín, 15 de junio de 1982). Alfonsín fue también el único político que no concurrió a Puerto Argentino, el 7 de abril de 1982, a la jura del general Mario B. Menéndez como Gobernador; no fue casual que muchos militares votaran por Alfonsín en las elecciones del 30 de octubre de 1983, a pesar del pacto militar-sindical conversado entre el general Juan C. Trimarco y el dirigente peronista Herminio Iglesias.
De no triunfar Alfonsín en las citadas elecciones, el juicio y condena a las Juntas Militares (1985/86) no se hubiera realizado. Los altos mandos del Ejército de entonces -por su carencia de liderazgo- no asumieron sus responsabilidades en el terrorismo de Estado que implantaron, y fueron los niveles inferiores los llamados a responder por ellos ante la justicia. Tampoco valoraron que Alfonsín no buscaba una judicialización institucional, sino de aquellos que instrumentaron un sistema represivo totalmente ilegal e inmoral. Al igual que los cabecillas de las organizaciones terroristas, no ocultaban una clara intencionalidad reivindicatoria en la lucha contra lo que el papa Francisco calificó como: “Una de las lacras más grande de nuestra historia patria”. Se dio lo que Aristóteles predijo: “Los contrarios son del mismo género”.
Una de las máximas ridiculeces invocadas en el juicio citado como justificación del incalificable terrorismo de Estado, fue el invocar “que fue una guerra ideológica (…) O una guerra contra revolucionaria”. Un militar no puede ignorar que en un conflicto hay códigos, y quien los vulnera comete un “crimen de guerra”. También desconocían la sentencia del general británico J.F.C. Fuller: “El objeto de la guerra no es asesinar ni devastar, sino persuadir al enemigo a cambiar de idea (...)Las guerras ideológicas son disparates, no solamente porque las ideas son impermeables a los proyectiles sino por qué, invariablemente, cuando más santa es la causa, más demoníaco es el fin” (La Segunda Guerra Mundial, Círculo Militar, pág. 18).
En 1984, el Consejo Supremo de las FFAA defeccionó en su rol de juzgar a sus pares- oportunidad histórica ofrecida por Alfonsín- pues dictaminó que: “Las órdenes impartidas por los mandos superiores en la lucha contra la subversión eran inobjetables”. En marzo de 1987, el citado Consejo, al plantear una cuestión de competencia ante la Cámara Federal de Córdoba, afirmó: “Existió una guerra revolucionaria, en la que el gobernante libera su energía política, la sujeta a su imperio y la libera del condicionamiento jurídico, y en ocasiones del ético”. Durante toda la dictadura cívico-militar del ´76 el término guerra estuvo prohibido. El clima de indisciplina en el Ejército era incontenible y fácil de percibir, excepto para los generales.
Alfonsín soportó tres motines e insubordinaciones. La conocida como Semana Santa (15/19 abril de 1987) encabezada por el teniente coronel Aldo Rico y un pequeño grupo de oficiales y suboficiales. El sentimiento en el Ejército era no reprimir, pero tampocio adherir al accionar citado. Califico esa actitud como un planteo ante los mandos superiores de la Fuerza, y no ante el Presidente Alfonsín, pero la crisis afectaba al Poder Ejecutivo y tuvo en vilo al país, con amplias repercusiones internacionales. Fue el propio Presidente quien solucionó la crisis personalmente. El gobernador de La Rioja (Carlos S. Menem) calificó a Rico de forajido y pidió sancionar con mano dura. La de Monte Caseros (16/18 de enero de 1988), también encabezada por Rico, con características similares a la anterior y con pequeñas repercusiones en Las Lajas (Neuquén) y en San Luis. La de Villa Martelli (2/4 de diciembre de 1988), denominada Operación Virgen del Valle, encabezada por el coronel Mohamed A. Seineldín. Menem- candidato presidencial- “se manifestó ayer contrario a una eventual ley de amnistía para los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura” (Clarín, 4 de diciembre de 1988). En octubre de 1989, el presidente Menem, mediante una catarata de indultos benefició: a todos los integrantes de las Juntas Militares; a los militares imputados por violaciones a los derechos humanos; a los miembros de las Organizaciones Terroristas; y a todos los involucrados en los alzamientos narrados. El perdón presidencial exigía el arrepentimiento de los beneficiados, que nunca lo expresaron.
Los días 23 y 24 de enero de 1989, el grupo autodenominado Todos por la Patria, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, intentó copar el Regimiento 3 de Infantería en La Tablada, evidenciando un alto grado de criminalidad. El Ejército tuvo nueve muertos (dos oficiales, tres suboficiales y cuatro soldados) y veinte heridos; la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuatro muertos y veinticuatro heridos; la Policía Federal dos heridos; y dos civiles muertos y cuatro heridos.
El presupuesto actual destinado a las FF.AA. es el más bajo de la historia
El 3 de diciembre de 1990 se produjo el último y definitivo alzamiento militar, denominado Virgen de Luján. Fue encabezado nuevamente por el coronel (retirado) Seineldín, indultado por Menem el año anterior (Decreto 1004/89). Participaron unos ciento cincuenta indultados. Se inició con el asesinato de dos jefes del Ejército por propia tropa. Se registraron: catorce muertos y más de cien heridos, entre militares y civiles; y cuatro prófugos, algunos de ellos se unieron al ejército croata. Los focos: Olavarría, Boulogne, El Palomar, Concordia, Villaguay, y en la ciudad de Buenos Aires el Regimiento de Patricios y el Estado Mayor del Ejército. Seineldín estaba detenido en una unidad del sur y no participó. Fue algo cruento, desviadamente ideologizado, anárquicamente mandada, y que jamás apreciaron la reacción de una fuerza cohesionada, disciplinada, conducida profesionalmente en los distintos niveles y comprometida con el orden constitucional. El presidente Menem no impartió ninguna orden, pero dijo: Hagan lo que tienen que hacer, tienen mi respaldo”. En dieciséis horas todo finalizó con la rendición incondicional de los causantes, y posterior sometimiento a la Justicia Militar y Civil. Estoy convencido de que ese día comenzó algo distinto; siempre ocurre en cada momento de un cambio histórico fundamental. De todos los comentarios sobre lo narrado, destaco el de Rodolfo Terragno: “Este alzamiento muestra que cuando se indulta, se refuerza la imagen de impunidad” (Clarín, 5 de diciembre de 1990).
Durante la década de los ´90 se produjo- en el Ejército- el mayor reequipamiento de las últimas cuatro décadas, y un proceso importante de reestructuración: reforma del sistema Educativo; modificación del área de Inteligencia; incorporación del Servicio Militar Voluntario; intensificación de las relaciones militares con otros países del continente y algunos europeos (Italia, España, Alemania, Francia, el Reino Unido y Bélgica); elaboración de una nueva doctrina; ajuste orgánico y nuevo despliegue; incremento de la participación de la mujer; incremento masivo de la participación en misiones de Mantenimiento de la Paz en el marco de las Naciones Unidas (ONU). Todo ello está consignado detalladamente en la Memoria del Ejército-1992/1999: Un Ejército hacia el Siglo XXl. En abril de 1995, en un mensaje institucional, asumió su responsabilidad sobre el pasado. Entre otros conceptos, se expresó: “hemos vivido décadas signadas por la violencia, por el mesianismo y por la ideología; que se inició con un terrorismo que no se detuvo siquiera en la democracia entre 1973 y 1976, y que desató una ilegal represión que aún hoy nos estremece”. Ninguna organización terrorista lo hizo.
A partir de 2000, con el presidente Fernando de la Rúa, se percibió un marcado retroceso. El Estado Mayor Conjunto, habría contemplado la participación de las FFAA argentinas en el conflicto colombiano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” (Página 12, 25 de febrero de 2001). Clara intervención contraria a nuestras leyes, y contra una fuerza ilegal colombiana que la Argentina jamás reconoció como una fuerza terrorista. Tampoco existió un pedido del gobierno colombiano. En diciembre de 2001, de la Rúa, solicitó al Ejército su intervención ante los serios incidentes que se originaron en Plaza de Mayo; su pedido recibió una respuesta negativa del Jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, pues no se cumplían los requisitos legales para su intervención. En el gobierno del citado presidente, se brindó asistencia a militares detenidos por violaciones a los derechos humanos, avalado por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy (Perfil, 12 agosto de 2007).
En enero de 2003, falleció Leopoldo Galtieri, condenado por su desempeño en la Guerra de Malvinas e imputado en diez causas por violación los derechos humanos. El Ejército- con aval superior- le rindió los máximos honores militares y lo calificó de “soldado ejemplar”. En 2006, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a propuesta la ministra de Defensa Nilda Garré, modificó la Ley de Defensa Nacional de 1988 mediante el Decreto 727, y agregó a continuación de “para enfrentar las agresiones de origen externo”: la expresión “perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estados”. Clara autolimitación en el empleo legal de la fuerza disuasiva. En el 2018, por Decreto 628, el PEN anuló, correctamente, el decreto citado. En el 2020, por Decreto 571, el PEN volvió a la vigencia de la limitación de 2006. Clara inconstitucionalidad, pues un Decreto del PEN no puede modificar una Ley Nacional, vulnera la denominada Pirámide de Kelsen, la voluntad del legislador y el espíritu de la norma. A partir de ese año, se obvió la sentencia de Davenport y Stockdale: “La profesión militar carece de máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas” (Ética Militar, p. 17). La citada ministra negó la existencia de hipótesis de conflicto, desconociendo que no es una hipótesis de guerra, sino un supuesto básico, una herramienta de trabajo para el planeamiento estratégico de la defensa; también expresó: “los nefastos resultados de haber permitido por décadas que la conducción de las FFAA hubiera quedado en manos militares” (La Nación, 13 junio de 2009), ignorando que desde el advenimiento de la democracia ningún militar se desempeñó como ministro de Defensa.
En agosto de 2007, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, expresó: “Que los presuntos vejámenes cometidos por oficiales en Malvinas guardan relación con el terrorismo de Estado llevado a cabo en toda la República (...) y comprometen a hombres de las tres FFAA y que involucran a la totalidad de los regimientos, cuerpos operativos desplegados en las islas” (Agencia Telam, jueves 18 agosto de 2007, 18.30 Hs.). Manifestación falsa, imprudente, agraviante e injusta. El silencio de las autoridades ante lo manifestado es ingrato. Ningún jefe táctico fue imputado por esa causa, como tampoco por violaciones a los derechos humanos. En el 2017, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad manifestó que “en la guerra moderna no son necesarios los tanques y los cañones”; durante su gestión perdimos cuarenta y cuatro vidas de miembros de nuestra Armada, y un arma estratégica: el submarino San Juan.
Extraviados en una función que nunca comprendieron en su real dimensión, los ministros de Defensa del presente siglo- con algunas excepciones- optaron por privilegiar necesidades partidistas e ideológicas, anclados en la lamentable confrontación del pasado. Por conocidos trascendidos mediáticos, me permito expresar que el estado actual de indefensión de nuestros intereses vitales, es evidente. La Fuerza Aérea no puede controlar eficientemente el espacio aéreo por insuficiencia de radares adecuados, aviones interceptores aptos, leyes que disuadan a quienes avancen sobre él y limitados medios de transporte. La Armada no dispone de submarinos, tiene serias dificultades para operar con su flota de superficie y no posee los necesarios medios aéreos para patrullar y controlar nuestro mar. El Ejército tiene gran parte de sus elementos anticuados u obsoletos, y otros carecen de operatividad por falta de repuestos y mantenimiento, principalmente los medios blindados, mecanizados, motorizados y aéreos (helicópteros). Las tres Fuerzas se ven afectadas en el racionamiento diario, y carecen de la indispensable munición para el adiestramiento. El presupuesto actual es el más bajo de la historia: 0,7 % del Producto Bruto Interno.
Las FFAA tienen una capacidad dual y, por supuesto, con real vocación continúan cumpliendo con sus misiones subsidiarias: participar en misiones de paz en el marco de la ONU, contribuir con la actividad científica en la Antártida, y brindar apoyo solidario a nuestra comunidad y a la de países de la región ante emergencias y desastres naturales. A pesar de la desatención señalada, es inobjetable la subordinación de las Fuerzas al poder político y el respeto a las instituciones de la República.
Estoy convencido que el componente humano es lo más valioso que posee el Instrumento Militar. Con vocación de servicio y un sano espíritu de cuerpo, sus hombres evitaron cualquier desmoralización y contribuyeron, y contribuyen, a construir la democracia -imperfecta pero vital- cuyos cuarenta años conmemoramos.
*Exjefe del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de Malvinas y exembajador en Colombia y Costa Rica.
