Un grupo de distintas comunidades se reunió con Rogelio Frigerio por situaciones de violencia, falta de agua y de alimentos para los chicos. Cuestionan el modelo basado en el extractivismo y mantienen reclamos por las tierras.
Paso a paso. Después de tres días de ocupación pacífica, lograron una reunión en la Casa Rosada. |
@mmindigenas
Lo bautizaron “la rebelión de las flores nativas”. Un grupo de 23 mujeres nucleadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se acercó hasta Buenos Aires para ocupar pacíficamente el Ministerio del Interior. Después de tres días, lograron una reunión con el titular de la cartera, Rogelio Frigerio, a quien le presentaron una serie de reclamos, desde los históricos, como la titularidad de las tierras, hasta los casos de violencia policial y la situación de pobreza que atraviesan las comunidades.
“Estamos en la extrema pobreza. Los chicos no tienen para comer. En algunas comunidades estuvieron diez días sin agua. No tenemos estadísticas pero estamos en el sector más empobrecido”, explicó a PERFIL Juana Antieco, una mujer mapuche tehuelche, de la comunidad de Costa del Lepá, en la costa de Chubut.
El reclamo en Buenos Aires y haber conseguido la reunión con Frigerio fue “un hecho histórico”, según Antieco. “No nos vamos a ir con las manos vacías. Le pedimos que articule los mecanismos para el diálogo”.
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Del encuentro participaron ocho mujeres, una representante de cada comunidad. La lista de temas fue extensa. En la Argentina existe el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero no resolvió estos reclamos. Por eso buscaron la reunión con el funcionario que nuclea la relación con las provincias.
Uno de los puntos fue la cuestión territorial, el reclamo de más larga data. Está frenado “por falta de presupuesto”.
De acuerdo con los datos que el Estado le dio a Amnistía Internacional, de las 1.532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci), han sido relevadas 759, esto es, apenas un 50% del total, sostiene un informe de 2018.
El relevamiento se hace en base a la ocupación actual, mientras que las comunidades reclaman las tierras de sus antepasados, que fueron desplazados por el avance de la frontera agrícola y la explotación de recursos naturales.
Frontera. Un reciente informe de Greenpeace sobre la deforestación de los bosques nativos marca que en el Gran Chaco viven 4 millones de personas. Muchos de ellos son campesinos y pequeños productores agropecuarios mientras que cerca del 8% son indígenas, quienes dependen del bosque para obtener alimentos, agua, madera y medicamentos. Al no tener la titularidad de las tierras, “en las últimas dos décadas, con el avance de los agronegocios, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas y son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de los campesinos e indígenas por parte de la policía” o guardias privados.
Así, uno de los puntos que le trajeron a Frigerio es el caso del asesinato de Ismael Ramírez, uno chico de 13 años de la comunidad qom que fue asesinado en Chaco. El pedido para Frigerio fue que hable con Germán Garavano, ministro de Justicia, para esclarecer el caso. También reclamaron por la falta de salud y de trabajo. “No existe un cupo laboral, en el Estado o en el sector privado, para los indígenas”.
“No es una acción contra el gobierno actual. Son reclamos históricos contra un Estado racista y genocida”, dijo la vocera del movimiento. “El tema económico está presente en todo. El avance de la soja, los agronegocios, las hidroeléctricas, la minería. Se tendría que cumplir con la consulta previa y no se hace”, agregó. La Argentina firmó el convenio 169 de la OIT que establece la consulta informada.
“Algunas comunidades están en emergencia hídrica. La sociedad está pensando en el dólar, en el riesgo país, pero nosotras estamos pensando en defender todas las formas de vida, los lagos, los bosques. Son generaciones completas de indígenas que vienen cuidando el territorio”, explicó Antieco.
