El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró al represor Miguel Etchecolatz, jefe de la Policía durante la última dictadura y mano derecha de Ramón Camps.
La medida, que alcanza a otros doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires (quienes también participaron en la represión ilegal), fue tomada el pasado 8 de agosto, a pesar de que su primera condena por delitos de lesa humanidad la tuvo hace 31 años.
En total, Etchecolatz, responsable de La Noche de los Lápices, está condenado en cinco causas por delitos aberrantes contra los derechos humanos, pero, a pesar de todo, siguió perteneciendo a la Policía Bonaerense. Es decir, seguía manteniendo su estado policial como agente de la Provincia.
Etchecolatz, estaba en situación de Retiro Activo Voluntario, un estado que se usa para los policías que se retiran de la fuerza normalmente, sin haber cometido delitos y con legajos impecables.
La situación fue descubierta por el jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Barra, cuando recibió un trámite de rutina: un escrito de un tribunal que solicitaba a Etchecolatz para una formalidad judicial. De acuerdo con el protocolo, la Justicia le informa a la Policía cada vez que uno de sus agentes es requerido por cualquier causa.
Según trascendió, una hipótesis para comprender este escándalo es que la larga mano de las complicidades policiales, que a veces dura décadas, haya conseguido cubrir a su antiguo jefe hasta ahora.
Lo que hace esta situación aún más insólita es que la Causa N°44 de 1986, cuando el represor tuvo su primera condena como responsable de haber torturado a 91 personas, también fueron condenados Ramón Camps y Ovidio Riccheri, dos militares que entonces perdieron su condición porque fueron destituidos por el Ejército.
La Justicia también había enviado notificaciones oficiales a la Bonaerense en 2004, 2006 y 2014, pero los funcionarios de las gestiones de Felipe Solá y Daniel Scioli no notaron el detalle o lo dejaron pasar.
Preso en la cárcel de Ezeiza y condenado por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, Miguel Etchecolatz fue jefe de Investigaciones de la Bonaerense y mano derecha del por entonces jefe de la fuerza, Ramón Camps.
En los juicios por delitos de lesa humanidad a los que fue sometido se comprobó que él era el jefe directo de los al menos 21 centros clandestinos de detención que hubo en la Provincia en los años de la dictadura.
Se retiró de la Policía en 1979, cuando tenía 50 años. En 2006, en La Plata, declaró ante el tribunal que juzgaba a Etchecolatz una de sus víctimas, Julio López. A los pocos días, López desapareció y su destino es aún un enigma y una cuenta pendiente de la democracia.
Cómo fue la maniobra. Por pedido del secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, los legajos internos de la fuerza fueron abiertos este año por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Junto con la sorpresa de Etchecolatz apareció la de otros 11 policías. También condenados, estos oficiales mantenían idéntica condición de Etchecolatz. Entre los 12 suman 270 causas por delitos de lesa humanidad.
La exoneración es la sanción más grave que puede recibir un policía, después de tres pasos previos: apercibimiento, suspensión y cesantía. Quien conserva el "estado policial" es un retirado que se queda con el arma reglamentaria y puede ser llamado nuevamente a integrar la fuerza en cualquier momento de su vida, según la ley vigente.
